La auditoría, realizada sobre las cuentas del 2015, denuncia más de 120 contrataciones sin la autorización de la Conselleria de Hacienda
Una auditoría pública, realizada sobre el Hospital Provincial de Castellón, como entidad pública, pone de relieve la precariedad económica del Consorcio Provincial de Castellón, el incumplimiento de numerosas normativas, e incluso, la realización de 120 contrataciones temporales sin la preceptiva autorización previa de la Conselleria de Hacienda, amén de los reiterados incumplimientos de los derechos de los trabajadores del centro. Los datos han sido facilitados por el sindicato Comisiones Obreras.
EM/Castellón Información
¿Qué está pasando en el Hospital Provincial de Castellón?
En orden a las nuevas normativas de transparencia y control, el Consorcio Provincial del Hospital Provincial de Castellón ha sido objeto de una auditoria como entidad pública.
Hasta aquí todo perfecto… pero esa perfección se queda en el aire cuando se analizan los resultados del estudio realizado que se divide en cuatro partes:
El cumplimiento de la Legalidad; la operatividad y la gestión; la regularidad; y la contabilidad relativa al ejercicio 2015, en el que, como circunstancia excepcional, la mitad del año fue dirigida por el gobierno del PP, y la otra mitad del año, por la coalición PSOE- Compromís, con el respaldo de Podemos.
Según el resumen facilitado por el sindicato Comisiones Obreras, en el apartado de Personal, lo primero que llama la atención es la referencia del auditor en cuanto a que no se le ha facilitado documentación suficiente para poder realizar su trabajo con la mayor efectividad.
Con los datos conocidos, se observa, que las retribuciones del personal no han sido objeto de incremento alguno con respecto al año anterior. Que el Convenio Laboral, que regulaba las relaciones de este personal, no ha podido prorrogarse porque la Conselleria de Hacienda no se ha dignado a responder a la petición solicitada por los trabajadores.
Pero quizá lo más llamativo, es la consideración de que se han realizado más de 120 contrataciones temporales sin la preceptiva autorización de la Conselleria de Hacienda. Este dato es importante porque, se observa que las contrataciones no cumplieron ni se realizaron conforme a una convocatoria pública; y por tanto, podría cuestionarse la legalidad que respalda a estos contratos.
La auditoría pone de manifiesto que la Dirección General de Presupuestos no dio su consentimiento favorable a la masa salarial del personal laboral del 2015. No se realizó una planificación adecuada, y los trabajos contratados por más de 8,8 millones de euros, se adjudicaron sin atenerse a las normativas, por lo cual podrían ser nulos de pleno derecho.
“La Conselleria no ha sometido a la aprobación del Consell y por tanto no ha publicado la modificación de los estatutos en aplicación a la Ley 27/13 de nacionalización y sostenibilidad de la administración local”.
En torno a los cargos directivos puntualiza: A principios del ejercicio 2015, el personal directivo del Consorcio estaba formado por el director Médico, el director Gerente y el director de Enfermería, teniendo los dos últimos un contrato de alta dirección.
Con fecha 1 de julio de 2015 el director de Enfermería presenta la baja voluntaria, por lo que no se le pago ningún tipo de indemnización. El Director Gerente, prestó sus servicios hasta el 3 de septiembre de 2015 mediante un contrato laboral, recibiendo una indemnización por importe de 13.798,28 euros, calculada según lo previsto en su normativa de aplicación 7 días por año trabajado, y al no realizarse preaviso con 15 días de antelación, se le indemnizaron 3 meses, tal y como se establecía en el contrato de alta dirección. La entidad deberá indemnizar con una cuantía equivalente a 15 días naturales, resultando por tanto una indemnización en 3.627,38 euros; en consecuencia procede un reintegro de 10.170,90 euros.
El personal tampoco ha recibido las cantidades adeudadas en concepto de productividad.
También se constatan irregularidades con respecto a las contrataciones de servicio y material, e incluso de indica que: “El Consorcio tiene como práctica habitual no cumplir en el expediente las facturas ni los pagos que estos mismos conllevan”.
Indica también, que “El Consorcio no cumple el plazo de pago de 30 días en un 77, 68% de los pagos realizados”.
En el apartado de Transparencia, el documento remitido por Comisiones Obreras manifiesta: “el Consorcio no difunde la información requerida en esta Ley, a través del Portal de transparencia. Tampoco cumple con su obligación de remitir al centro directivo competente en materia de transparencia la información que le sea requerida para su publicación o difusión, en base a lo establecido en la disposición adicional segunda de la ley. Debe ponerse en aplicación la Ley 2/2015 de transparencia”
Parte de la paga extra de diciembre de 2012, abonada 2015 no se contabiliza en la partida adecuada ni se imputa presupuestariamente por falta consignación.
En resumen, según el comunicado de CCOO:
- Inadecuada aplicación contable de la partida “compra existencias” no habiendo podido cuantificar la cantidad comprada en el ejercicio 2015.
- Inadecuada aplicación de la amortización sobre los elementos de inmovilizaciones inmateriales “Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero”, tal y como lo exigen las normas de registro y valoración contables.
- Inadecuada aplicación contable F.L.A, aplicándose como deuda a largo plazo cuando debe ser a corto.
El auditor destaca como apartado de énfasis, que según se muestra en el Pasivo del Balance adjunto, los fondos propios resultan negativos por importe de 30.153 miles de euros, así mismo, el importe total del Pasivo Corriente excede del total del Activo Corriente en 17.154 miles de euros.
Esta situación indica la existencia de una incertidumbre significativa sobre la capacidad de la entidad para mantener sus obligaciones y para garantizar la aplicación del principio de continuidad, de manera que pueda realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con que figuran en las Cuentas Anuales al 31 de diciembre de 2015. En este sentido, la continuidad del Consorcio viene garantizada por el apoyo presupuestario de la Generalitat Valenciana disponiendo de presupuesto para el ejercicio 2016 en la ley de presupuestos de la Generalitat Valenciana.
