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La secretaria autonómica ha explicado que el anterior Ejecutivo favorecía que las familias que tenían a su cargo personas con trastorno mental grave cedieran su tutela a la Generalitat para obtener plaza residencial, ya que el anterior Gobierno utilizaba unas prestaciones que en principio debían ser para personas con escasos recursos para pagar las plazas residenciales que ocupaban las personas tuteladas
La secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas, ha afirmado que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas "ha tomado las medidas necesarias para terminar con el sistema de atención a las personas con trastorno mental grave que había puesto en marcha el antiguo Gobierno, y que abocaba a sus familias a ceder la tutela a la Generalitat por no poder costear los gastos de una plaza residencial". Así lo ha manifestado Casas a los representantes de Aerte, entidad que gestiona centros donde residen personas con trastorno mental grave tuteladas por la Generalitat, y en la que se les ha solicitado su "colaboración en las modificaciones y medidas adoptadas por la Conselleria". Así, a partir de ahora, las personas tuteladas por la Generalitat van a cobrar una nómina mensual para financiarse las estancias residenciales sin necesidad de realizar ningún otro trámite administrativo como venía sucediendo hasta el momento, de manera que "pasan a formar parte de un sistema donde se les reconoce el derecho subjetivo a la atención que merecen frente al sistema asistencial y de beneficencia del anterior Ejecutivo".
El pago de estas plazas residenciales se sustanciaba a través de las prestaciones económicas individuales (Pei), que es una subvención personal y finalista para personas con algún tipo de diversidad funcional que se encuentran en una situación de extrema urgencia y necesidad y que no pueden costearse un servicio de atención residencial especializado. Sin embargo, desde el anterior Gobierno "se priorizaba el pago de esta subvenciones a sus propios tutelados, lo que hacía que se agotara el presupuesto previsto para las personas no tuteladas y sus familias".
Esta forma de actuar, a juicio de la secretaria autonómica, favorecía un modelo "asistencialista y de beneficencia", en el que las familias se veían "obligadas a ceder la tutela a la Generalitat al no haber fondos suficientes para poder pagar este tipo de subvención a todas las personas que la solicitaban y que realmente eran quienes más lo necesitaban".
La secretaria autonómica ha explicado que, desde la Conselleria de Igualdad, se ha decidido ir incorporando al sistema de la Dependencia las prestaciones económicas que reciben las personas con trastorno mental grave tuteladas por la Generalitat que residen en un centro, "con pagos que recibirán mensualmente y que cubrirán el coste de las plazas que ocupan, lo que beneficiarán también a las propias residencias".
En este proceso, se han incluido un total de 868 expedientes de personas tuteladas, de las cuales 377 ya han sido resueltos y comenzarán ya a cobrar este mes de septiembre. Se prevé la incorporación del resto en las nóminas de octubre y noviembre.
Casas ha afirmado que la situación en la que antiguo gobierno dejó la administración, con escasez de personal y de recursos hace que sea complicado la gestión de este cambio que permitirá terminar con "este sistema perverso".
