El Grupo Popular solicita en las Cortes el informe completo, la comparecencia de la consellera y de los autores del documento
El rector de la UJI, Vicent Climent, ha confirmado esta mañana que el documento publicado por la Conselleria de Sanidad para justificar el despido de los trabajadores del Hospital Provincial, no representa a la Universidad. El informe no es vinculante, y es un encargo privado. La portavoz del Consell, Mónica Oltra, evidenciaba hoy el malestar el Cosnell por la actuación de Montón. Mientras los sindicatos denuncian la 'ilegalidad del proceso', el Grupo Popular en Les Corts ha solicitado el trabajo completo, el contrato y la comparecencia de los dos catedráticos.
Esperanza Molina /Castellón Información
El rector de la Uji, Vicent Climent, se ha reunido esta mañana con representantes de la sección sindical de Comisiones Obreras, con los que ha abordado el polémico ‘informe de la UJI’, que ha sido visibilizado por al Conselleria de Sanidad, y con el que su titular, Carmen Montón, se escudó el martes para justificar el despido de 17 trabajadores y la amortización total de más de 40 puestos de trabajo del centro hospitalario.
El rector, Vicent Climent, han confirmado:
“La ‘Propuesta de plan de reestructuración de Recursos Humanos del Hospital Provincial’ es un informe técnico de dos profesores y no representa la postura de la institución.
El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha afirmado que la ‘propuesta de Plan de Ordenación de Recursos Humanos para el Consorcio Hospitalario de Castellón’, elaborado por los catedráticos Juan Vicente Sánchez Andrés y Javier Sánchez García, es un informe técnico realizado por dos profesores que, como sucede con otros informes elaborados por investigadores de esta universidad, no representa en modo alguno la postura oficial de la institución, ya que para ello debería haber sido ratificado por algún órgano de Gobierno de la Universidad, como el Rectorado, el Consejo de Gobierno o el Claustro, circunstancia que no se ha dado en modo alguno en este caso. Climent ha defendido que este trabajo se ha realizado al amparo del principio de libertad de cátedra de los citados profesores, recogido en la Constitución.
Asimismo, Climent ha destacado que el informe no es vinculante y que, en todo caso, su aplicación total o parcial es una decisión política del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, o de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, que es la entidad que ha encargado el informe a los citados profesores”.
¿Existe el informe?
Castellón Información publicaba anoche, que el famoso documento de los catedráticos de la UJI, no solo no es “el panfleto de un patio de colegio”, palabras con las que responsables de CCOO definían los 7 folios colgados en internet; sino que se estaría hablando de un documento mucho más amplio, cuyo volumen excedería de las 200 páginas, cuyo objeto de estudio afecta a todo el área sanitaria de Castellón.
Un estudio privado, del que solo se han visibilizado 7 folios en la web de Conselleria, por el que se habría pagado16.900 euros. ¿Existe algo más? El rector dice que le han dicho que si… pero a día de hoy, nadie salvo la Conselleria lo ha visto, porque se trata de un encargo privado.
Las fuentes consultadas por Castellón Información afirmaron a este periódico, que la Conselleria contrató con los profesores de la UJI, hace más de 6 meses, un estudio completo que no se remitiría solo al centro del Hospital Provincial, sino a todo el área sanitaria de la provincia de Castellón.
Según las mismas fuentes, la contratación se llevó a cabo mediante un convenio, como es usual en estos casos, en el que se establecieron unos objetivos de estudio y un presupuesto para su elaboración. Aunque el trabajo no sea vinculante para la UJI, la contratación sí se habría hecho a través de la Universidad, por lo que del presupuesto asignado se distribuiría en tres partes: La universidad, el departamento y los profesores.
En función del encargo, indicaron las fuentes de este periódico, se habría documentado e informado la situación de los recursos humanos en todo el sistema sanitario de la provincia, y solo una parte del estudio correspondería al Hospital Provincial.
Las prisas de la consellera
Si esto es así ¿por qué la Conselleria solo colgó los 7 folios a los que tuvieron acceso trabajadores, sindicatos y prensa?
Pues según ha podido saber este diario porque, posiblemente, la Conselleria tenía prisa.
Como había avanzado la consellera meses antes, y tal como habían denunciado los sindicatos, parte del personal del Provincial se encontraba en una situación irregular. Y esto es, porque llevaban años trabajando con contratos temporales encadenados que cumplían el 10 de noviembre. Se hubiera podido optar por otras soluciones alternativas sin recurrir al despido pero, probablemente, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Y si esto hubiera sido así, el objetivo estaba claro: reducir personal, reducir servicios, reducir calidad en el Hospital Provincial al amparo del cumplimiento de una supuesta legalidad.
Se les acababa el tiempo
Pero había prisa. La Conselleria tenía que actuar antes de que finalizara el último periodo de contratación de los trabajadores del Provincial y eso implicaba tomar decisiones dentro de plazo con la mínima antelación exigida.
Si esto es tal como se ha comentado a este periódico, el trabajo, realizado por partes, estaba finalizado en lo esencial, pero incompleto para su presentación. Tenía que integrarse en un solo documento, acabar de darle forma y encuadernarlo… se les pasaba de plazo.
Por lo tanto y, en base a los supuestos datos que debía confirmar el estudio, se utilizó una síntesis sesgada, de 7 folios, referentes solo a lo que se pretendía, con los cuales la consellera podría justificar los despidos. Si los datos son ciertos, esto es precisamente lo que se ha publicado en la Web de Sanidad, los ‘famosos 7 folios’.
Hay que señalar, que el tema ha originado no poca confusión en todos los sectores. Los siete folios publicados no dicen nada fuera de contexto y se mezclan datos que, al no contar con la referencia adecuada, no tienen sentido.
Con las prisas, la consellera no pudo contar ni con eso cuando ya sabía que iba a suprimir el contrato con los 17 trabajadores y a amortizar las 40 plazas; ni cuando tuvo que ratificarlo en la Junta de Gobierno del Provincial, del pasado martes.
Una burla de mal gusto
Y la única forma de hacer efectiva la promesa de publicar el informe en el que se escudaban, fue esa síntesis recortada y sesgada, que en lugar de acreditar a la Conselleria ha sido tomada como una burla por trabajadores, sindicatos, Diputación y Prensa.
Pero el parche, lejos de dar resultado, ha puesto a la consellera en una situación bastante delicada, porque Carmen Montón y los miembros de su conselleria, en ningún momento, en sus declaraciones públicas, se refirieron a un documento privado, sino que utilizaron a la Universidad Pública de Castellón como la culpable directa de los despidos.
Esas fueron las declaraciones de Montón, el martes en Castellón, y ayer, en Cortes Valencianas, cuando fue abucheada por los sindicatos.
Malestar en el Consell
Una vez que el rector de la UJI se ha desvinculado del informe que utiliza la consellera como documento oficial para justificar la reestructuración de personal en el Provincial, las reacciones no se han hecho esperar.
El malestar, dentro del Consell, era patente hoy en Valencia, tanto que las respuestas de Mónica Oltra al ser preguntada durante su rueda de prensa habitual de los viernes, no han podido dejar reflejar lo que, a juicio del Gobierno Valenciano sería una metedura de pata monumental por parte de la consellera de Sanidad, en un momento que no es el más óptimo para ellos. “que se lo pregunten a ella, que la consellera contesta muy bien”, replicaba Oltra.
El Grupo Popular exige aclaraciones en les Corts
El Grupo Popular en Cortes Valencianas tampoco ha esperado para abundar en la herida. De esta forma ha solicitado por escrito, en el registro de las Cortes: “el expediente de contratación del informe en el que se basa para realizar recortes y despidos en el Hospital Provincial de Castellón, así como una explicación sobre el modo de licitación del mismo y la factura correspondiente”.
El diputado popular José Juan Zaplana ha apuntado también: "En el portal de Transparencia se publicó que la entidad a la que se adjudicó el informe es la UJI, pero ahora la Universidad dice que no, y esto merece una aclaración inmediata por parte de Montón".
José Juan Zaplana ha recordado que “el informe se adjudicó por un importe de 16.940 euros. Siete folios de trabajo a precio de oro". En ese sentido, el diputado popular ha solicitado al Consell por escrito "una copia del expediente de contratación, copia completa del informe o trabajo realizado y de la factura o facturas emitidas y abonadas". Asimismo ha pedido en otros dos escritos: la reunión de la Comisión de Sanidad y Consumo "para que los dos autores del informe lo expliquen ante los diputados".
José Juan Zaplana ha recordado que los autores del informe son un catedrático en Fisiología y un catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados, "posiblemente grandes profesionales en su ámbito pero no parece que lo sean en ordenación de recursos humanos del Hospital". El responsable popular ha recordado que "los recortes de Montón están cargándose el sistema sanitario de la Comunitat Valenciana, especialmente en Castellón.
Los sindicatos se rebotan
Por parte de trabajadores y sindicatos, la cosa todavía es peor. Tal como confirma Comisiones Obreras, la Conselleria ha ‘escondido’ información, no ha ejercido la tan presumida trasparencia de la que presume, ha utilizado el nombre y la reputación de la Universidad para validar una decisión que carecía de la base suficiente para tomarla; y ha engañado a los ciudadanos.
Ilegalidad en base a la legalidad
Desde los sindicatos la lluvia de críticas ha sido feroz. Porque además de todo lo expuesto anteriormente, la Conselleria se ha saltado a la torera los derechos laborales de los trabajadores, regulados por ley. Dicho en otras palabras en base a la legalidad de la que presume, la consellera ha cometido una ilegalidad mayor, porque ha adoptado medidas de despido que vulneran los derechos de los trabajadores afectados.
Según manifestaba la responsable de Comisiones, Encarna Barragán, el procedimiento correcto debe pasar por un estudio técnico de Recursos Humanos, que según parece, es el que se le habría encargado a estos dos catedráticos de la Universidad. Pero el informe que explique y justifique tanto la no renovación de los contratos como el cumplimiento de las garantías en el servicio sanitario que debe prestar el centro, debe ser realizado por el Consorcio o la Conselleria.
Sin esta base, las decisiones son arbitrarias y, por tanto, legalmente cuestionable.
Pero además, indicaba, aún con los documentos antes indicados en la mano, existe una normativa laboral que regula los derechos del trabajador. Y en este caso tampoco se ha informado ni se han justificado los despidos con los sindicatos y los trabajadores.
El proceso, a juicio de los sindicatos es una chapuza en todos sus extremos, que invalidaría los despidos realizados.
Reclamación de explicaciones a la Conselleria
Los sindicatos solicitarán por escrito el informe completo de los catedráticos de la UJI, pero además, también la memoria del Consorcio y de la Conselleria, y la justificación de cómo se van a cumplir los servicios que ahora se quedan en el aire para que no se dañe la calidad asistencial.
En estos momentos, indicaba Barragán, ya en toda la provincia los índices de cobertura de estas necesidades están bajo mínimos. Hay listas de espera, trabajadores que tienen que doblar turno para que se pueda asistir a los pacientes…”Esto no es de recibo”.
Y por otra parte, como señalaban los sindicatos, están los datos que no se justifican e, incluso, el interés particular de la consellera por enfrentar al Hospital Provincial con el Hospital General…indicaba Barragán: “Pero si precisamente también los trabajadores del General están a la espera de ver lo que pasa, porque también les afecta… nos afecta a todos. Si reducen personal habrá que redistribuir a esos pacientes, la sobrecarga de trabajo ya excede lo legal, y si eso se hace así aumentarán als listas de espera…”
Y todo eso, ¿para qué? Se preguntan sindicatos y Diputación…
Par ambos sectores solo existe una explicación: el intento por desmantelar el Hospital Provincial.
Audio sobre lo que declaró la consellera el martes en Castellón:
