Castellón Información
El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha arrancado al Ministro de Justicia, Rafael Catalá, su disposición a dialogar y restablecer la competencia sobre el derecho privado para los valencianos y equipararnos al resto de pueblos españoles no castellanos (navarros, catalanes, vascos, baleares y aragoneses) y acabar con la injusta discriminación que supusieron las sentencias de inconstitucionalidad de la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano y la Ley de Uniones de Hecho y las que puedan venir.
Navarrete le ha reclamado "receptividad" en la aceptación de las iniciativas de los grupos políticos de les Corts Valencianes de reforma de la Constitución que, previsiblemente, llegarán al Congreso de los Diputados en febrero, "para que puedan estar aprobadas durante el primer semestre del año y se le de por tanto una gestión rápida a esta competencia exclusiva valenciana. Le brindo desde aquí de nuevo toda nuestra disposición a coordinar y colaborar para evitar los agravios que los recursos de inconstitucionalidad están suponiendo para los valencianos, que se están viendo obligados a realizar capitulaciones matrimoniales, solicitar custodias compartidas y otros ejercicios, acabando con el comportamiento desleal y personalizado que están teniendo con el pueblo valenciano. Las cosas han cambiado en el País Valenciano y esperamos que se den cuenta que deben dialogar".
El senador Jordi Navarrete le ha reprochado al ministro Rafael Catalá la receta "desleal" y "personalizada" del Gobierno hacia la competencia exclusiva autonómica de conservar, modificar y desarrollar el derecho civil valenciano prevista en el Estatut y que no acabe de un plumazo con la discriminación que sufre nuestro pueblo desde hace tres siglos pese a la constante reivindicación de generaciones y generaciones de valencianos. "Manos a la obra, señor ministro. No podríamos entender que se negocie con los catalanes y se discrimine a los valencianos. Por eso le reclamamos cita en el próximo semestre para afianzar el encaje del desarrollo legislativo de nuestro derecho civil y acabar con esta situación indigna, como han reclamado ya cientos de ayuntamientos, diputaciones, instituciones académicas y otras de la sociedad civil", ha concluido.
