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El periodo medio de pago del Ayuntamiento de Almassora durante el último trimestre de 2016 fue de 21,98 días. Esta cifra es la más baja conseguida hasta la fecha por el consistorio desde que comenzaron a realizarse los registros del plazo medio de liquidación en 2014 y supone que lo proveedores municipales cobren más de ocho días antes del límite legalmente establecido.
“Los datos de los últimos trimestres de cada año siempre son los más bajos, ya que el cierre del ejercicio obliga a acelerar el proceso”, ha explicado el edil de Hacienda, Roger Beltrán. No obstante, el concejal asegura que el dato es “excepcional” y que los buenos resultados atienden al “firme compromiso del equipo de gobierno con el mantenimiento de una gestión económica equilibrada y eficiente” y a la “inestimable colaboración de todos los trabajadores del Ayuntamiento que operan como gestores y que contribuyen a que los pagos se realicen en tiempo récord”.
Así pues, el dato del cuarto trimestre del pasado año es significativamente inferior al siguiente mejor dato obtenido por el consistorio en el mismo periodo de 2014, cuando el periodo medio de pago fue de 23,33 días. Cabe destacar que en aquél momento las cifras de la gestión de la residencia municipal de la tercera edad no estaban incluidas en este recuento, un hecho que hizo que el resultado bajara considerablemente. Asimismo, el número obtenido en el tercer trimestre de 2016 es relevante, ya que el Ayuntamiento de Almassora mantuvo un plazo medio de 23,59 días para las liquidaciones.
Para el concejal de Hacienda, la introducción de la factura electrónica tiene gran relevancia en la reducción de los plazos de pago. “El número de facturas electrónicas presentadas por los proveedores a lo largo del ejercicio de 2016 se triplicó respecto al año anterior”, ha detallado Beltrán, quien recuerda que el procedimiento es ya obligatorio para todas las sociedades anómimas y limitadas que facturan al consistorio.
Así pues, el consistorio tramitó el pasado ejercicio 2.502 facturas mediante la modalidad electrónica, frente a las 810 gestionadas en 2015. De este modo, las obligaciones de pago presentadas presencialmente pasaron de 2.559 a 983, un descenso que permite agilizar los trámites, ahorrar costes administrativos y reducir el gasto de papel.
