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El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Francisco Toledo, y el director del puerto, Roberto Arzo, han mantenido una reunión con el presidente y vicepresidente del Comité de Empresa de Sedcas (Sociedad de Estiba y Desestiba del puerto de Castellón), Ximo Pesudo y Francisco Jesús Gonell, respectivamente. La reunión se convocó ante el anuncio de huelga para los próximos días 20, 22 y 24 de febrero y la preocupación por su impacto en las empresas de la provincia de Castellón, especialmente del sector cerámico.
La Autoridad Portuaria de Castellón no tiene competencias directas sobre la estiba, ni es parte en la negociación que se mantiene entre el Ministerio de Fomento, patronal y sindicatos. No obstante, ha convocado esta reunión como elemento regulador del puerto “y velando para garantizar que el legítimo derecho de huelga se conjugue con el derecho al trabajo del resto de empresas”, ha señalado Toledo.
Los representantes del Comité de Empresa de los estibadores han transmitido durante el encuentro su compromiso con el funcionamiento de la economía de la provincia, impidiendo en caso de huelga cualquier acto de vandalismo y garantizando el abastecimiento de materias primas a las empresas castellonenses para evitar paradas de producción que provocarían graves daños a dichas empresas, a sus trabajadores y la economía provincial.
Toledo ha destacado el compromiso social de las estibadoras de Castellón “al conjugar su legítimo derecho a la huelga, que obviamente tiene sus repercusiones negativas en la economía, con el derecho al trabajo de los trabajadores del resto de empresas de Castellón”. La Autoridad Portuaria de Castellón y el comité de empresa de Sedcas se han congratulado de la desconvocatoria de la huelga “porque evita daños a la economía de Castellón, así como que una semana clave para el sector cerámico como es la de CEVISAMA no se vea perjudicada por el conflicto”.
El presidente de PortCastelló, Francisco Toledo, ha afirmado que “el aplazamiento para la aprobación del Real Decreto da una oportunidad al diálogo que debe aprovecharse al máximo para conseguir una reforma consensuada del modelo de la estiba que cumpla con la sentencia del Tribunal de Luxemburgo y evite la multa millonaria a la que tendría que hacer frente al Estado español”. Toledo ha manifestado que “este aplazamiento garantiza la paz social y el buen funcionamiento de la economía castellonense”.
