Francisco Martínez, el exalcalde de Vall D´Alba, fue condenado por un delito de negociación prohibida a funcionarios
Según fuentes Judiciales, el Tribunal Supremo ha rechazado los recursos tanto de Martínez Capdevila como de la Fiscalía, y ratifica íntegramente el fallo de la Audiencia de Castellón, que condenó al exvicepresidente de Castellón y absolvió a los otros cinco acusados: dos hijos de Martínez Capdevila, el exalcalde de Borriol Adelino Santamaría Blasco, un empresario y un empleado de éste último.
Escándalo en enero de 2014
Los hechos que llevaron a la apertura de este juicio se hicieron públicos en enero del 2014. El PP dominaba con mayoría absoluta la Diputación Provincial, que presidía Javier Moliner, en la que estaban representados PP, PSOE y un diputado de Compromís. Francisco Martínez, que ya fuera la mano derecha de Carlos Fabra en anteriores corporaciones era responsable de infraestructuras de la provincia, además de alcalde de Vall D´alba. Adelino Santamaría era el alcalde de Borriol.
A raíz de la convocatoria de un pleno en la localidad de Borriol, para aprobar el proyecto de la construcción de la depuradora, Compromís comprobó que una de las parcelas afectadas por la expropiación de terrenos para la depuradora, estaba relacionada con el diputado Martínez o su familia.
El punto de la depuradora no llegó al pleno de Borriol, pero sí se hizo público un comunicado emitido por el presidente, Javier Moliner, en el que retiraba su confianza al expresidente de la Diputación, Francisco Martínez.
A partir de entonces, la depuradora de Borriol convirtió en centro de atención a Francisco Martínez y Adelino Santa María, por que se consideraba que podría ser una actuación interesada por parte de ambos.
La depuradora, en terrenos de Martínez y su socio
El proyecto de la depuradora de Borriol, se defendió entonces Francisco Martínez, se estaban gestionando desde 2006, a través de la Conselleria, y de la Diputación Provincial.
Martínez afirmó también, que desconocía que se hubiera afectado a terrenos de ‘su familia’, pero que indudablemente el alcalde de Borriol, Adelino Santamaría debía saberlo.
Compromís fue más allá en estas acusaciones, puesto que si el listado de los propietarios de los terrenos afectados había llegado a su grupo, lo natural es que también hubiera sido conocido por el alcalde de entonces, Adelino Santamaría e incluso, por Francisco Martinez, como responsable de la Diputación en este proyecto.
Tras el estudio pormenorizado del proyecto de la depuradora, y su ubicación, los técnicos afirmaron, que los terrenos de Martínez podrían ser excluidos en la ejecución de la obra, ya que se habían ‘reservado’ como área complementaria de servicios para esta infraestructura, sin afectar al desarrollo de la depuradora.
Esta medida, finalmente no satisfizo a nadie. Se sabía que Martínez o su familia, habían adquirido los terrenos años antes. Para sus acusadores, porque debía conocer ya que allí se habría de ubicar la depuradora. Pero si la parcela ‘de su familia’ quedaba excluida, seguían dentro del perímetro reservado otros terrenos que pertenecían a un empresario, allegado a Martínez, Raul Babiloni, en otra sociedad, y a quien Martínez, según fuentes socialistas, habría adjudicado contratos en su municipio de Vall d´Alba.
Compromís denunció abiertamente, que la inclusión de los terrenos en el proyecto de la depuradora, habría supuesto una revalorización de los mismos, por lo que podría apuntarse a un ‘enriquecimiento’ calculado.
El proyecto de la depuradora de Borriol no salió adelante. Fue sustituido por una alternativa para conectar la localidad a la depuradora de Castellón. Pero este cambio de rumbo no paralizó el escándalo.
Compromís llevó el tema a la Fiscalía
El diputado de Compromís, Enric Nomdedeu, decidió entregar toda la documentación de que disponía su partido a la Fiscalía, por si se apreciaban indicios de delito. Como consecuencia de ello, y a instancias de la Fiscalía, se inició la instrucción de un sumario en el que se imputó a Francisco Martínez, y a otras cinco personas.
La AudienciaProvincial condenó únicamente a Francisco Martínez. El Supremo ha ratificado la sentencia.
