Mónica Oltra mete en el mismo saco las denuncias de los centros de Generalitat y el de la Diputación que hace dos años que no recibe ayuda
La consellera de Igualdad, Mónica Oltra, denunciaba esta mañana en rueda de prensa la mala gestión de algunos de los centros de acogida de la Comunitat Valenciana, que dependen de su departamento, y metía en el mismo saco otros como el de Penyeta Roja, de Castellón, al que retiró la ayuda de 240.000 que recibía. Desde Penyeta Roja han desmentido que, como ha anunciado Oltra, se esté trasladando a 21 menores. "Nos siguen llegando niños y nos los envían ellos", dijo la diputada Ruiz-Vicente.
Esperanza Molina / Castellón Información
La Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, exponía esta mañana en rueda de prensa, situaciones con el trato de menores en los centros de acogida, que ponen los pelos de punta.
Lo hacía, en una rueda de prensa en la que ha informado de la nueva política de acogimiento residencial y protección infantil, que se ha elaborado desde una perspectiva "de inclusión activa, igualdad de trato y no discriminación, participación y reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes, como sujetos de derecho".
Pero lo que ha llamado la atención en Castellón, es que en su denuncia sobre funcionamiento de los centros y traslado de menores, la consellera haya metido ‘en un mismo saco’ diferentes situaciones y actuaciones de su departamento, entre los que cita al Centro de Penyeta Roja de la Diputación Provincial de Castellón.
Según ha declarado Oltra, y recoge la nota de prensa redactada por su departamento “Las 21 niñas y niños del centro Penyeta Roja de Castellón también están siendo trasladados, con el acuerdo de la Diputación de Castellón, que es la titular del mismo, porque las instalaciones carecen de autorización”.
Tanto la Diputación de Castellón como fuentes del Centro de Acogida de Penyeta Roja, han declarado a Castellón Información, que la Conselleria no se ha puesto en contacto con Diputación, que no se ha notificado nada, y que hoy por hoy, no se tiene conocimiento del traslado de estos 21 niños.
Según las mismas fuentes, el centro de acogida de Penyeta Roja cuenta en la actualidad con 4 niños de 0 a 3 años y 13 de 6 a 12 años.
El pasado 10 de enero, la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, se reunió con el presidente de la Diputación provincial, Javier Moliner. Entre los temas que se trataron fue precisamente el del centro de acogida de Penyeta Roja, al que la conselleria, bajo el mandado de Mónica Oltra había retirado la ayuda de 240.000 euros que se proporcionaba desde el órgano autonómico para ayudar en su manutención.
En la citada reunión, y como declaró en su momento la consellera, se evaluó el problema del centro de acogida de Castellón y se llegó al acuerdo de establecer un convenio de colaboración que permitiera racionalizar la actuación para que no se produjeran duplicidades.
La consellera anunció entonces, su voluntad de normativizar la atención de los niños de 0 a 3 años, para que sean atendidos por familias de acogida y no por centros.
De todo aquello, ha indicado la diputada Elena Ruiz Vicente, solo ha quedado la intención del convenio, porque en la práctica no se ha hecho nada.
“Nosotros somos conscientes de que el centro no tiene permiso, y así lo hablamos con la consellera. Le dijimos que si había que cerrar el centro, lo cerrábamos si la Conselleria, que es la que tiene las competencias, buscaba otra vía para atender a los niños”. Pero desde entonces, según la diputada no se ha vuelto a saber nada más.
El Complejo Socio-Educativo de Penyeta Roja, dependiente de la Diputación Provincial de Castellón, se creó en 1979. En 1984-85 se creó el Centro de Iniciación Técnico Deportiva (CITD), del que se encarga la Diputación de forma exclusiva desde el curso 1994-95.
Alberga el SPE (Servicio Psicopedagógico Escolar), creado bajo la denominación de Departamento de Diagnóstico y Orientación en el año 1981 y homologado por la Consellería de Educación como SPE en el año1986. Atiende a los Centros y Servicios del Complejo desde los aspectos educativos, psicológicos y sociales.
Funciona como Centro de Acogida de Menores, al que se derivan niños en situaciones de riesgo y desamparo. Su funcionamiento genera un gasto anual a Diputación que ronda los dos millones de euros.
En 2015, la conselleria que dirige Oltra realizó un informe sobre el centro. En las conclusiones se negaba el permiso a actuar como tal, porque por su antigüedad, el edificio no reunía todas las condiciones exigibles. La Conselleria instó a construir un nuevo edificio más moderno, pero ante la negativa de Diputación lo único que se mantiene sobre la mesa es intentar buscar familias de acogida a los niños de 0 a 3 años.
“No era nuestra competencia ni tenía sentido invertir más de un millón de euros en la construcción de un nuevo edificio. Lo hablamos con conselleria y nos dieron la razón; nos comprometimos a realizar mejoras para incluir las medidas de seguridad que necesitaban”. Indicaba Elena Rúiz- Vicente. “Pero en ningún caso nos dijeron que cerráramos ni que no hiciéramos las cosas bien, y además nos siguen mandando niños, no de 0 a 3 años, pero si más mayores; nos los siguen mandando ellos, porque cuando surge un problema en el que están afectados menores, son niños que tienen que ser atendidos. No hay tantas familias de Acogida ni tantas que de la noche a la mañana estén dispuestas a acoger niños que muchas veces tienen problemas”.
Además, indicaba la diputada, la ventaja de tener en el mismo completo el Centro de Alto Rendimiento hace que los niños dispongan de una atención muy especializada por psicólogos, médicos, sanitarios. Esos niños pueden estudiar aquí, los que llegan se quedan”.
La nota de prensa completa sobre la declaración de la consellera es la siguiente:
Igualdad refuerza en un 61% los equipos de los centros de acogida y reduce el ratio de niñas y niños
La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha diseñado un nuevo modelo de atención en centros de acogimiento infantil que contempla un refuerzo de los equipos de atención en un 61 %, y una reducción en el número de niñas y niños en cada centro, con el objetivo de dar una atención más especializada e individualizada, a la vez que se logran unas instalaciones que se asemejen lo más posible a un hogar.
Así lo ha explicado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, en una rueda de prensa en la que ha informado de la nueva política de acogimiento residencial y protección infantil, que se ha elaborado desde una perspectiva "de inclusión activa, igualdad de trato y no discriminación, participación y reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes, como sujetos de derecho".
En este marco, ha informado que la apuesta prioritaria de la conselleria en el ámbito del acogimiento es la desinstitucionalización, con iniciativas como 'Millor en familia', puesta en marcha el pasado mes de diciembre, para que ninguna niña o niño menor de 6 años esté en un centro, y que ha permitido que 97 familias realicen cursos informativos, y de éstas 59 ya estén valoradas como familia acogedora.
Oltra ha manifestado que, de las 3.805 niñas y niños que están tutelados por la Generalitat en este momento, un 30,4 % todavía viven en centros de acogida, y el objetivo es lograr que este número se reduzca superando una época, marcada por el antiguo gobierno, "en la que la falta de políticas convertía el sistema de protección en una telaraña que atrapaba a las niñas y niños y no los soltaba".
El nuevo modelo, que saldrá a licitación el segundo semestre de este año, "incrementa la calidad de la atención residencial" a la vez que la hace más humana, al reducir el número de plazas en los distintos centros, de manera que los de recepción, que son aquellos que realizan una primera acogida de las niñas y niños en situación de desamparo, no podrán superar las 30 plazas, y los de protección estarán limitados a 24.
Oltra ha explicado que la implantación del nuevo modelo implicará una inversión de 40,7 millones de euros, lo que implica un incremento del 26,8 %, que permitirá, entre otras cuestiones, la contratación de 410 nuevos profesionales, con una bajada del ratio del 61 %, pasando de 1,05 profesional por niña o niño atendido a 1,70, y la inclusión de nuevos perfiles profesionales como los mediadores interculturales o las técnicas o técnicos de igualdad de género.
El objetivo, ha incidido la vicepresidenta, es impulsar un cambio de estrategia que permita el desarrollo de "un modelo de atención inclusiva, comunitaria, donde la persona menor de edad sea lo importante", mediante "una respuesta individual a los daños emocionales que genera el desamparo, a través de la mejora de los recursos humanos, y de las infraestructuras".
"El nuevo modelo considera a las niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de derechos, apostando en todo momento por un sistema que visibilice sus competencias", ha manifestado Oltra, quien ha añadido que, en esta misma línea, otro de los objetivos del nuevo modelo es fomentar la emancipación y la vida independiente, para lo que se va a poner en marcha una experiencia piloto de 4 pisos públicos de emancipación para jóvenes de entre 16 y 23 años.
Refuerzo de la inspección
El nuevo modelo irá acompañado de un refuerzo en la labor inspectora, tal y como se está haciendo en el resto de departamentos de la conselleria, ha remarcado la vicepresidenta, quien ha recordado que en el presupuesto de este año se incluyó la partida necesaria para incrementar el equipo de inspección hasta llegar a cumplir los 20 que establece la ley.
La Dirección General de Infancia y Adolescencia ha redactado una nueva instrucción para la visita de centros, que además de humanizar los procedimientos con entrevistas a las niñas y niños que viven en ellos, establece que las direcciones territoriales complementarán la labor de inspección, con visitas anuales a todos los centros de su provincia.
El objetivo es superar una situación en la que "el tejido residencial infantil ha funcionado sin control", como a su juicio lo demuestra que, entre 2012 y junio de 2015, cuando se produjo el cambio de gobierno, solo consten 6 informes de inspección, mientras que sólo en los últimos dos años se han hecho 16, prácticamente con la misma plantilla de profesionales.
Traslados de centros
Oltra ha lamentado que esta falta de inspección ha derivado en situaciones que, en algunos casos, resultan difíciles de creer y que ha llevado a la conselleria a adoptar algunas decisiones de traslado de niñas, niños y adolescentes.
En este sentido, se ha referido al centro de recepción de Monteolivete, donde, tras el último informe de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que va en la misma línea que los trabajadores llevan denunciando desde hace años, se ha decidido trasladar a los jóvenes que vivían en él a los centros de la Pobla de Vallbona, Burjassot, a dos pisos públicos que se abren en Valencia, y al centro de Bunyol, que cuando acabe el actual contrato será revertido a lo público.
Asimismo, ha mencionado el centro 'La Resurrección' de Segorbe, donde 18 niñas y niños han sido trasladados a diferentes centros de la provincia de Castellón, después de que en sendas inspecciones se detectaran indicios de maltrato hacia los residentes, a los que según la inspección se les daba poca comida y caducada, y se les alojaba en instalaciones obsoletas, cuando no peligrosas, como el cuarto de juegos que estaba junto a la caldera.
Las 21 niñas y niños del centro Penyeta Roja de Castellón también están siendo trasladados, con el acuerdo de la Diputación de Castellón, que es la titular del mismo, porque las instalaciones carecen de autorización; y el pasado mes de noviembre también se decidido trasladar a 6 niñas y niños que vivían en el Centro 'El Carmen' en València, porque tampoco contaba con la confianza de la conselleria, que ha decidido no renovar el contrato de concierto con la entidad.
