Juan José Pérez Macián. Concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Castellón.
En política es importante establecer prioridades. Algo que hace la izquierda en Castellón movidos única y exclusivamente por su sectarismo, y que acaba repercutiendo negativamente en los ciudadanos. Revisten de ‘transparencia’ su política pero es una trampa que no hace sino esconder su nula capacidad de gobierno. Su nula capacidad, para ser exactos, para tomar las decisiones que les corresponde tomar como gobierno de la ciudad.
Estos dos años han servido para que veamos con claridad qué significa estar gobernados por la izquierda radical de Compromís, que se ha comido a la supuesta “izquierda moderada” del PSOE.
Y digo que se la ha comido porque, en su intento por aparentar un cambio y una mejor gestión, han acabado priorizando las plazas públicas lingüistas en la ciudad por delante de plazas públicas para atender a los desahuciados. Los cargos de confianza (a dedo) del bipartito cobran entre todos 765.000 euros cada año, con lo que 18 personas están cobrando más de lo que se destina a activar el empleo en Castellón, que son 709.000 euros para 15.000 parados.
Prometen destinar 12 millones de euros para reformar el edificio de Borrull y darle una parte a la Generalitat Valenciana mientras siguen pendientes las obras antiinundaciones en la ciudad y Valencia sigue ninguneando a Castellón en los presupuestos autonómicos.
Recortan aulas en educación, atacan a la concertada, imponen el plurilingüismo y no hacen ningún esfuerzo por construir el Colegio del Raval Universitari que reclaman los vecinos, mientras se gastan el dinero de todos en construir un tatami en la ciudad o en contratar grupos catalanistas en nuestras calles.
Suben los impuestos a los castellonenses mientras el ayuntamiento tiene 30 millones de euros en los bancos, al mismo tiempo que muchos barrios reclaman más limpieza y mejores servicios públicos.
Aplauden en los conciertos de Raimon que han costado a la Generalitat más de 300.000 euros y que hemos pagado entre todos, mientras la alcaldesa sigue votando a favor del desmantelamiento del Hospital Provincial, y callando ante los recortes sanitarios que afectan a los castellonenses.
Todo esto, mientras el bipartito de Marco gasta 868.000 euros cada año en publicidad y protocolo. Un autobombo que pagamos todos y que los aleja cada día más de los ciudadanos.
Ya lo ven: la política no es más que marcar prioridades. Decidir lo importante sobre lo accesorio y lo urgente sobre lo que puede esperar. Y para ello, es imprescindible mirar a la gente a los ojos. Algo que ellos no hacen, y no me extraña. Debe ser bastante complicado mirar a la gente a la cara para decirle “te voy a subir los impuestos para poder colocar a los míos”.
