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lunes, 25 de noviembre de 2024 | Última actualización: 23:18

El PSPV en la Diputación reclama a Rajoy que elimine la restricción de contratación pública

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Los socialistas estiman que desde 2009 los puestos de trabajo en la administración pública valenciana se han reducido una media de 1.000 cada año

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El Grupo Socialista de la Diputación ha presentado una moción en la que solicita al Gobierno que preside Mariano Rajoy la eliminación de la Tasa de Reposición de Efectivos de la Función Pública, debido al constante empobrecimiento de la calidad de los servicios que está generando de cara a la ciudadanía.

El documento, que se debatirá en el próximo pleno ordinario, recoge que los puestos de trabajo ofertados en las administraciones locales valencianas en los últimos cinco años han caído un 87%, como consecuencia de las limitaciones que se derivan del RDL 20/2012 i las sucesivas leyes de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Para portavoz socialista en la Diputación, José Benlloch, “esta política sólo ha generado precariedad, por lo que es necesario realizar un cambio urgente de legislación que permita cubrir vacantes, reducir interinidades y garantizar la prestación de servicios de calidad”. Y es que, datos de las organizaciones sindicales y profesionales del sector público, desde el inicio de la crisis, los puestos de trabajo en la función publica en la Comunitat se han reducido a una media de 1.000 por año.

Benlloch asegura que “una de las consecuencias de este continuo proceso de destrucción de la ocupación pública estable es el aumento de la temporalidad, la privatización de los servicios y su disminución, lo que implica una pérdida de la calidad”, por lo que se exige un profundo cambió en las políticas de ocupación pública.

En este sentido, los socialistas también han querido incidir en que la política de restricciones también ha afectado a la política de empleabilidad de las personas con discapacidad, ya que mientras el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público indica que “en las ofertas de ocupación pública se reservará un contingente no inferior al 7% de vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad”, en estos últimos años sólo se han reservado un 0,88%.