El pleno ha iniciado el procedimiento para resolver el convenio con la empresa adjudicataria por incumplimiento de contrato
Esperanza Molina/ Marina Borrás/Salomé Amouroux/ Castellón Información
El futuro próximo de la Piscina Provincial de Castellón sigue en el aire, mientras la Diputación ha iniciado el procedimiento para dar por finalizado el acuerdo que suscribió con la UTE Seae-Fesa aiguagest, cedido en 2014 a la empresa Aiguagest por incumplimiento de contrato.
El tema volvió a salir a relucir durante el pleno de la Diputación celebrado esta mañana.
La situación en estos momentos, apuntaban fuentes consultadas, pasa por diferentes soluciones en función de cómo sea la situación en cada momento, pero siempre con el objetivo de mantener la actividad y a los trabajadores.
Durante, la sesión los diferentes grupos municipales han cuestionado la capacidad de gestión de la Diputación que, indicaron, debería haber afrontado el problema mucho antes y haber vigilado más de cerca la situación.
Pero sobre estas críticas, el diputado del PP, Luís Martínez también ha replicado, que es fácil criticar cuando antes no se ha querido tomar nota de lo que estaba pasando; y se refirió los grupos políticos, y a las veces que se ha llevado a pleno la piscina Provincial, e incluso los ruegos de la empresa que se ha quejado en repetidas ocasiones, durante los últimos años, de que los ingresos no cubrían los gastos de gestión.
Sea como fuere, la Diputación ha iniciado el procedimiento para dejar fuera a la empresa de gestión a la que se adjudicó la explotación y que amenazaría con paralizar la actividad de la piscina durante el mes de agosto.
Por otra parte, además de la piscina y su mantenimiento está el problema de los trabajadores que, según se comentó durante el pleno, han pasado de estar en situación de ERE a la de despido colectivo. Fuentes provinciales comentaron, que los trabajadores han cobrado el 50% de la nómina de junio, pero se les debería la otra mitad del sueldo del mes pasado y no se sabe cómo se va a resolver el mes de julio.
Entre las alternativas que se barajan: si la empresa decide cesar la actividad, Diputación podría sacar a contratación la piscina por vía de urgencia para que no cesara la actividad mientras redacta pliego de condiciones para una contratación más a largo plazo, todo ello de forma independiente a las acciones jurídicas que se pudieran llevar a efecto.
La otra solución es iniciar un procedimiento de contratación para poder sacar a concurso la piscina cuando se rescinda el contrato con la gestora actual.
Y aún existe una tercera vía, tal como ha comentado el concejal de Castelló en Moviment, que pasaría porque el Ayuntamiento de Castellón decidiera asumir la gestión de esta infraestructura a través del Patronato de Deportes.
Preguntada sobre este tema, la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón, Verónica Ruiz, reconoció hace un mes, que era un tema que se había hablado, aunque también mencionó que hay decisiones que se deben adoptar con todas las cautelas, conocer la situación actual, los gastos pendientes, el coste total, o incluso, si se podría llegar a conveniar el tema con Diputación.
Según la documentación que avala la propuesta aprobada esta mañana, la piscina Provincial fue adjudicada en acuerdo plenario de enero de 2012 a la UTE Seae-Fesa Aiguages. El 21 de marzo de 2014 se autorizó la cesión del contrato a Aiguagest SL.
Según las mismas fuentes, la empresa concesionaria debe aportar anualmente un canon que consta de una parte fija de 66.000 euros, correspondiente a la amortización de la inversión realizada por la institución provincial, y un 20% aplicado sobre el exceso de beneficio.
El expediente de la institución señala que la empresa concesionaria debe el pago del canon desde el 2016. Aunque Aiguagest solicitó inicialmente poder fraccionar el pago tras el requerimiento remitido desde la Tesorería de Diputación, los documentos señalan que la solicitud no se completó y además la empresa tiene obligaciones pendientes otras deudas. La Agencia tributaria reclama el embargo de créditos por una deuda de 156.476 euros. El Ayuntamiento, a su vez, estima que al deuda por pago de IBI de la misma entidad, a fecha de 4 de mayo de este año asciende a 355.569 euros.
