Rafa Cerdá. Abogado.
Hartazgo, cansancio y una abismal decepción son los tres sentimientos que me surgen frente al enquistado ‘problema catalán’. La secesión de una parte del territorio español de la importancia de Catalunya supone un escenario de tanta complejidad, que el vértigo de las posibles consecuencias paraliza al más valiente.
Desgraciadamente, el tiempo de la política apura sus últimos segundos, dando paso a una inédita aplicación de un mecanismo constitucional jamás puesto en vigor hasta la fecha: el artículo 155 de la nuestra Carta Magna contempla desactivar el autogobierno de una Comunidad Autónoma, siempre y cuando la actuación de los dirigentes de la Autonomía ponga en grave riesgo el interés general del Estado en su conjunto.
La emancipación de una parte del Estado Español, vulnerando todas las previsiones legales desborda una mero factor de riesgo, directamente se trasforma en una cuestión de supervivencia. El sábado día 21 el Consejo de Ministros inició los trámites formales de puesta en vigencia del artículo 155 de la Constitución, remitiendo al Senado un conjunto de medidas tendentes a frenar en seco la deriva secesionista del Govern de la Generalitat catalana.
La principal medida del Acuerdo aprobado por el Gobierno de Rajoy deviene en la clave de bóveda de todo el resto: la destitución de Carles Puigdemont y de todos sus consellers. Para que la relación de medidas instadas por el Gobierno español adquiera efectividad, deben obtener el respaldo de la mayoría absoluta del Senado, y ese trámite todavía no se ha producido. Con el calendario en la mano, todavía resta un resquicio de un breve intervalo de tiempo hasta que la cámara alta se reúna.
Permítanme que reproduzca un breve extracto del Acuerdo que aprueba la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pues considero que sintetiza a qué locura jurídica nos estamos enfrentando:
“Tanto el Parlamento de Cataluña como el Gobierno de la Generalitat, haciendo caso omiso a las resoluciones del Tribunal Constitucional, han adoptado resoluciones, normas y Leyes, especialmente las Leyes 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación, y 20/2017, de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, abiertamente contrarias a la Constitución, suspendidas inmediatamente por el Tribunal Constitucional y anulada ya la primera de ellas por Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de octubre de 2017. Fueron además aprobadas en sesiones del Parlamento de Cataluña, las de los días 6 y 7 de septiembre, en la que se omitieron todas las garantías democráticas, con pleno conocimiento de la vulneración del Reglamento del Parlamento de Cataluña, contra el criterio del Letrado Mayor y el Secretario General de la Cámara, y contra el criterio del Consejo de Garantías Estatutarias. En aquellos debates se desveló, así, finalmente en todos sus detalles la hoja de ruta del proceso secesionista, consistente en tratar de imponer ("referéndum sí o sí") la convocatoria ilegal de un supuesto referéndum de autodeterminación a sabiendas de la imposibilidad del Estado de aceptar tal planteamiento inconstitucional, de modo que se adoptara posteriormente la declaración unilateral de independencia”.
Si el Senado otorga el visto bueno a la intervención (no confundir con una pretendida suspensión de las instituciones catalanas), el Govern de Puigdemont afrontará dos escenarios: deja sin efecto el cuerpo legal que pretende imponer una Declaración Unilateral de Independencia, o se deja arrastrar por la deriva que su Govern ha auspiciado. Emprender el primer camino supone retornar al juego de la política. La segunda ruta, proclamar la independencia, lleva un riesgo evidente para sus protagonistas: abandonar el campo de la política, y dar de bruces con el Derecho Penal.
Política o cárcel. La hora de la verdad.
