Federico Arnau. Comerciante jubilado.
Hasta la fecha los políticos imputados ahora investigados, se les exigía por parte de los partidos contrarios su dimisión, mientras el suyo propio se escudaba en la presunción de inocencia que todos tenemos hasta que el juez se pronuncie.
Pues ahora gracias al Procés, donde políticos, no solo investigados, si no encarcelados y fugados se les permite sin que ningún partido haya alzado la voz exigiendo la no participación en las listas electorales del 21 D, de estos candidatos siguiendo la norma de pedir el cese de sus cargos a los investigados.
Pero lo más grave no es solo que participen en una lista, si no que ocupen un puesto de salida que les permita obtener un escaño en el nuevo Parlamento Catalán, y además que se les permita delegar su voto.
¿Quién se atreverá a pedir el cese cuando haya nuevos investigados? Seguramente nadie, si no quiere por respuesta, del partido que corresponda escuchar. ¿Por qué se pide la dimisión de este político cuando se ha permitido que estos golpistas puedan ejercer su voto desde sus escaños gracias a una fianza y los presos deleguen el voto? Y además vulnerar el Artículo 93.2 del propio Parlament, según los portavoces y líderes de los partidos constitucionalistas.
Los políticos dicen que la ley lo permite, efectivamente así es pero la ley no dice que un político tenga que abandonar su puesto simplemente por ser investigado, sin embargo esto no se admite, se machaca y se persigue, y en todo caso se deja al propio investigado, salvo presiones, que tome su decisión en base a la honradez y moralidad propia.
Honradez y dignidad es lo que les falta y les sobra mucha cara dura a los integrantes del Independentismos , sobre todo al PDeCAT, anteriormente Convergencia ‘CDC’ que la sentencia del Palau dice que tiene que abonar más de seis millones, y dicen que ahora es otro partido y que no hay nadie ni Artur Mas porque había dimitido.
Este golpista dimitido de su cargo tres días antes de hacerse pública la sentencia, y su delfín fugado sigue como diputado, además de otros componentes de la antigua Convergencia. Porque se pueden cambiar las siglas, pero los ladrones siguen y tienen que asumir su responsabilidad.
87 millones de euros nos han costado la movilización de las Fuerzas del Estado, para apoyar a los Mossos d’Esquadra y mantener el orden en el ilegal Referéndum del 1 de Octubre, según el Ministro del Interior en el Congreso de los Diputados.
Estos 87 millones el Estado debería de hacérselos pagar a los Partidos Independentistas, por ser ellos quienes han provocado esta situación de malgasto de dinero público, además de todo el desvió de millones presuntamente a las asociaciones como Ómnium Cultural, fiscalizando todos sus ingresos como partidos y subvenciones, así como donaciones voluntarias hasta resarcir al Estado de ese dinero.
Y con todo esto, un partido constitucionalista como el PSOE, su filial en Cataluña el PSC. Pierde totalmente el rumbo y se deja arrastrar sin haber aprendido nada por la incompetencia, deslealtad y cobardía a la Democracia y a los catalanes no independentistas.
Miquel Iceta perdió muchos votos al hacer el resbalón sin bailar, de pedir el indulto a los políticos presos, por mucho que luego cambiase su discurso sin una seriedad que un político y en el momento que estamos debe de ser contundente aunque se equivoque , pero ni bailes, ni chistes ni ……, porque no se puede permitir desmarcarse de las demás fuerzas políticas constitucionalistas absteniéndose en permitir el voto delegado, amparándose en la observación que el Juez LLarena considero que debería de ser la mesa quien decidiese el poder delegar el voto.
El PP tuvo una debacle como era de esperar, pero su responsable es firme, Podemos no era de esperar su retroceso en ese margen, pero sigue sin una firmeza que su desaparecido y ahora resucitado Pablo Iglesias no tiene nada claro pero sigue apoyando al independentismo y Inés Arrimadas aunque las cuentas son claras, se ha mantenido demasiado quieta a esperar, sin meterse aunque sea para crear mal estar entre el PDeCAT y ERC.
Con toda esta permisividad hasta que no haya una sentencia firme la presunción de inocencia se mantendrá sin que ningún investigado deba de abandonar el puesto, porque esto ha creado jurisprudencia.
