Santiago Beltrán. Abogado.
Confiemos en que, una vez ha entrado en vigor, la inconstitucional Ley de Tasas Judiciales, todos los progres de este país (políticos de izquierdas, medios de comunicación afines, acólitos miembros de la abogacía y judicatura, y demás especímenes y grupos de la progresía nacional) dejen de considerar al ínclito Ruíz-Gallardón como el adalid de la derecha moderna, moderada y conciliadora y lo sitúen definitivamente en el pedestal que merece, que a partir de ahora no puede ser otro que el de líder ejemplarizante de los que saben digerir en primera persona la injusticia sin perseguirla (discípulos de fórmulas estoicas o deterministas), o de los que simplemente prefieren la venganza como instrumento de la justicia retributiva (ojo por ojo, diente por diente). Y es que Gallardón (con el respaldo y connivencia de los suyos) nos ha enseñado por fin su verdadera esencia. Se ha quitado la careta y le ha salido con todo su esplendor el socialdemócrata que lleva dentro, sin ambajes ni tapujos.
El acceso a la jurisdicción queda desde ahora limitada para aquellos que pueden pagar 800 euros por un bolso de Louis Vuitton (recurrir en apelación vale lo mismo), dirigen grandes empresas o colocan leoninamente hipotecas y participaciones preferentes a sus clientes. Por supuesto, que en este restringido club podrán ser socios los padres de la patria y los de las naciones libres y asociadas. Al resto de los mortales, solo les quedará, o la justicia gratuita (cada día más con más participantes) o la renuncia a sus propios derechos (la mayoría de la clase media, es decir, aquellos a quienes aún les queda una vivienda en propiedad y un sueldo decente).
La saturación congénita de nuestras Tribunales, por obra y gracia de nuestro olímpico redentor, pasa a ser un concepto pretérito y olvidado. La entrada en un Juzgado se ha de convertir para la generalidad de los ciudadanos de esta cosa en simple visita turística al Museo de la Prehistoria, salvo para los delincuentes o paranyers, que para estas causas la Fiscalía no tiene que pagar.
Pongamos algún ejemplo, que siempre resulta más ilustrativo. Si Ud. es autónomo y el Ayuntamiento o algún cliente le deja a deber 2000 euros, no se lo reclame en juicio, ya que presentar la demanda le va a suponer una tasa judicial de 200 euros, que van directamente (sin mediadores) a las arcas públicas. Si le deben un poco más, pongamos por caso 6000 euros y por una de aquellas el Juez de su ciudad no le da toda la razón o se la quita del todo, además de haber ingresado en el erario público 350 euros por la demanda, tendrá que abonar 850 para recurrir a una instancia superior. Si le han puesto una multa de 100 euros, ni se plantee demandar a la DGT, que la broma le costará 200 euros (el doble de la sanción, además de la multa y su recargo).
Si es trabajador y le han despedido o la empresa le debe salarios (nada excepcional con los tiempos que corren) recurrir la sentencia del Magistrado de su Juzgado, le supondrá 500 euros y llegar al Tribunal Supremo, otros 750 euros (antes no había que pagar nada). Ahora bien, y eso sí, la Administración para perseguirle hasta desplumarle está exenta de pagar, tenga o no razón. Si es Ud. un Banco o entidad crediticia instar un procedimiento de ejecución hipotecaria (tan boga en la actualidad) solo le costara 200 euros, más el 0,5% del importe que le reclame. Si ante esta confiscación legal alguien se toma la justicia por su mano, que no se preocupe, ya que la Fiscalía le podrá denunciar sin tener que pagar nada, porque también está exenta de la tasa, aunque le archiven o desestimen 500 denuncias injustificadas (léase caso parany) y le cueste al Tesoro (menudo eufemismo) varias decenas de miles de euros
Sin lugar a dudas, desde que existe democracia (así la denominan) es el ataque más devastador al principio de igualdad, al derecho a la tutela judicial efectiva y a la capacidad económica de los españoles. Y la progresía sin enterarse de nada, que por eso, Gallardón, es más de los suyos que de los otros.
