La diferencia entre ingresos y gastos no financieros incluidas en las cuentas es de -1.398 millones, la cifra más baja desde 2008
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El pleno del Consell ha tomado hoy razón de la Liquidación del Presupuesto de la Generalitat de 2017, elaborada por la Intervención General de la Generalitat, como paso previo a la confección de la Cuenta General que se rendirá en los próximos meses.
El documento certifica el proceso de saneamiento de las cuentas autonómicas, con una reducción del déficit presupuestario no financiero del 25%, al pasar de los 1.870 millones de 2016 a 1.398 millones al cierre de 2017. Una cifra que es la más baja desde 2008 y que supone una minoración del 69% respecto a 2014 (-3.766 millones), siendo sensiblemente inferior a la de 2012, cuando llegó a los -4.384 millones).
La reducción del déficit presupuestario no financiero -que es la diferencia entre los capítulos I a VII, todos, salvo las operaciones financieras- se ha producido a pesar de que el Consell ha hecho al mismo tiempo un importante esfuerzo de gestión, con un aumento de la ejecución de las inversiones directas y a través básicamente de su sector público (capítulos VI y VII) del 36,8%: De 579 millones en operaciones de capital ejecutados en 2016 a 792,7 millones de 2017. Esto ha supuesto 213 millones más y un incremento de la ejecución de 3,7 puntos.
El indicador evidencia la recuperación de la economía valenciana y la mejora en la gestión de las finanzas autonómicas, únicamente lastradas por la clara infrafinanciación de la Comunitat Valenciana
El Gobierno valenciano también ha rebajado el resultado presupuestario negativo (la diferencia entre los capítulos I al VIII de ingresos y gastos, excluyendo solo la emisión y amortización de deuda) en un 10% respecto a 2016, situándose en -1.975 millones.
Ésta es la cifra más baja desde hace 8 años. En 2012, este indicador alcanzó el techo de los -6.223 millones de euros, más de un billón de las antiguas pesetas. La minoración es del 56% respecto a 2014, cuando llegó a los -4.479 millones.
La mejoría en el resultado presupuestario ha sido posible pese a que las cuentas se ven lastradas por la incorporación de los 274 millones de la operación para salvar a la Sociedad de Garantía Recíproca de la situación de quiebra en que se heredó del anterior Consell, al tiempo que ha habido que inyectar 91 millones en entidades públicas para corregir desequilibrios del pasado.
La liquidación no permite determinar el déficit
Cabe subrayar que la Liquidación corresponde exclusivamente al presupuesto de la Administración de la Generalitat, es decir, no incluye los organismos autónomos ni el resto de entidades del sector público. Tampoco incorpora las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.
Se elabora con criterios de caja presupuestaria y no en términos de contabilidad nacional (ajustes SEC), con lo que no permite conocer el déficit de la Generalitat que rige a efectos de la ley de Estabilidad y que se remite a Europa.
Como ejemplo, en 2016 el resultado presupuestario negativo fue de -2.189 millones y el déficit presupuestario no financiero, de -1.870 millones. Sin embargo, el déficit a efectos de la Ley de Estabilidad fue de -1.571 millones.
No obstante, estos indicadores sí sirven como orientación para saber cuál es el estado de las finanzas públicas. En este sentido, los números certifican que la Comunitat Valenciana, de haber gozado con una financiación por habitante en condiciones de igualdad con el conjunto de las autonomías, habría cumplido sobradamente los límites autorizados de déficit.
La "quiebra" de la SGR lastra los activos financieros
En el resultado presupuestario, destaca el aumento de las operaciones con activos financieros, que ven incrementado su saldo negativo en 258,4 millones, al pasar de 319,2 millones de 2016 a 577,6 millones al cierre de 2017.
Esa variación negativa se explica básicamente por el reconocimiento que ha tenido que llevar a cabo la Generalitat de 274,9 millones por la reestructuración de riesgos y deuda de la SGR -anotada en el apartado de "Fianzas a Corto Plazo"-, como consecuencia de la situación de quiebra en que el actual Consell recibió la entidad del anterior Ejecutivo.
Además, se han tenido que realizar aportaciones patrimoniales a empresas del sector público por importe de 40,9 millones de euros y otros 49,9 millones en capitalizaciones y ampliaciones de capital básicamente para restablecer desequilibrios con origen en el pasado.
Los datos evidencian que el anterior Ejecutivo realizó una gestión del sector público que dejó a muchas de estas empresas en una situación prácticamente inviable por las deudas contraídas o por la puesta en marcha de proyectos ruinosos, una situación que obliga ahora a dar una solución para garantizar la viabilidad de las finanzas autonómicas.
El recurso a la deuda baja un 30%
En cuanto a la variación neta de pasivos financieros, plasma el aumento de la deuda de la Administración de la Generalitat. En 2017, la cifra se sitúa en 2.269,8 millones, lo que supone una reducción del 29,5% respecto a la registrada en 2016, cuando sumó 3.220,4 millones.
El descenso respecto a 2014 es aún mayor, un 61%, ya que ese año el aumento de la deuda fue de 5.779 millones. En 2012 alcanzó los 6.603 millones de euros, más un billón cien mil millones de las antiguas pesetas en un solo ejercicio.
La situación de infrafinanciación, tras el incumplimiento de la promesa del presidente del Gobierno de que en 2017 se reformaría el modelo, ha obligado al Consell a tener que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica, que financió los vencimientos de deuda de la Generalitat y del resto de entidades sectorizadas correspondientes a 2017, así como el déficit autorizado para el ejercicio, los déficits no autorizados de ejercicios anteriores y la devolución de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009.
El Consell reclama una financiación justa acorde con las necesidades de los valencianos y en condiciones de igualdad, no préstamos que tendrá que devolver junto con el abono de intereses. Incluyendo las operaciones financieras, la liquidación muestra un superávit de financiación del ejercicio de 581,7 millones de euros. El remanente de tesorería total ha mejorado respecto al ejercicio pasado, con un saldo de -1.626 millones (-1.664 millones en 2016).
2.285 millones pendientes, excluido el Confirming
Por su parte, las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre se elevan a 2.675 millones, muy por debajo de los 4.001 millones de 2014 y de los 4.959 millones registrados en 2013.
En el montante, ha tenido una incidencia importante el retraso del Gobierno central en habilitar el FLA extraordinario, algo que no sucedió hasta finales del ejercicio, con lo que la tramitación de multitud de operaciones se desplazó hasta los últimos días del año, efectuándose el abono por motivos puramente técnicos a partir de enero.
Paralelamente, la normativa sobre el Periodo Medio de Pago relega determinadas subvenciones a personas físicas y jurídicas, así como a las transferencias a los entes del sector público, en favor del abono de la deuda comercial, lo que ha conllevado incrementar las operaciones por Confirming (sistema por el que las entidades financieras adelantan los pagos a los beneficiarios antes de los 90 días de vencimiento fijados).
Con este servicio, los beneficiarios ingresan las cantidades pendientes aunque a efectos de la contabilidad pública no computan como pagadas hasta los 90 días. En este sentido, las operaciones de Confirming con terceros pendientes de vencimiento a 31 de diciembre ascendían a 390.638.011,95 euros.
De este modo, las obligaciones pendientes, excluido el saldo de Confirming, ascendieron realmente a 2.285 millones. Asimismo, hay cerca de 1.000 millones en obligaciones pendientes en concepto de transferencias internas de la propia Administración a su sector público, cuya disposición se realiza en función de las necesidades de liquidez de los organismos y empresas públicas.
Cabe destacar que en diciembre de 2017 el PMP de la Generalitat fue el más bajo desde que existe esta estadística sobre los plazos de abono a los proveedores y empresas, situándose en 28,51 días.
De este modo, el Consell cumplió con la Ley de Morosidad, dando muestras del esfuerzo por mejorar la gestión de la tesorería, a pesar de la infrafinanciación y de la discrecionalidad con la que el Ministerio de Hacienda habilita la tranferencia de FLA.
En todo caso, el Consell incrementó su actividad durante 2017, con un total de obligaciones reconocidas de 14.367 millones, frente a los 13.633 millones de 2016. Los derechos pendientes de cobro se elevaron a 282 millones, frente a los 411 de 2016.
En este apartado, y siguiendo las recomendaciones de la Sindicatura de Comptes, se ha cambiado el criterio y se ha provisionado la totalidad de la dotación de derechos de cobro dudosos, que por ello pasan de 48 millones a 233 millones.
