Antonia García Valls. Portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó.
25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género; 1 de diciembre, Día Internacional de la Lucha contra el SIDA; 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Tres fechas en las que se manifiesta y evidencia que existen personas en nuestra sociedad que se encuentran en una situación especialmente difícil y complicada, situación que se ve agravada por la situación de crisis que padecemos y que está sirviendo al Gobierno y al Consell, para justificar lo injustificable. Una sociedad madura y solidaria no puede permitir que la crisis incida de forma más virulenta en los sectores sociales más vulnerables: las mujeres víctimas de la violencia de género, las personas enfermas de SIDA y las personas con discapacidad.
Las tres fechas a las que me refiero al inicio de este artículo nos deben servir para reforzar nuestro compromiso ciudadano. Deben servir para recordar que hay luchas que no se pueden abandonar; deben servir para recordar que queda mucho trabajo por hacer. Ante esta situación, los poderes públicos, las administraciones, a todos los niveles y en la medida de sus competencias y posibilidades, ahora más que nunca, deben multiplicar los esfuerzos para continuar avanzando en la protección de los derechos y en la mejora de la calidad de vida de las personas que se encuentran en estas situaciones. Justo lo contrario de lo que están haciendo, el Gobierno de Rajoy y el Govern de Fabra.
La responsabilidad de gobierno implica la responsabilidad de decidir. Y de la decisión de los gobernantes depende el modelo social que queremos construir. Y el PP ha decidido recortar presupuesto y eliminar programas de prevención, asesoramiento y atención a las mujeres víctimas de violencia de género; ha decidido recortar presupuesto y reducir drásticamente las ayudas destinadas a la prevención, concienciación, investigación y tratamiento del virus del SIDA; y ha decidido recortar dramáticamente el presupuesto de la Ley de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, hasta el punto de expulsar a muchas personas dependientes del sistema, con la consiguiente merma de derechos, tanto de estas personas como de sus familias.
El PP ha decidido por un claro retroceso en las conquistas sociales y de los derechos de las personas obtenidos en los últimos años. Y no vale el discurso de que no hay alternativa. El PP sigue apostando por “las fiestas y los fastos” y en contra de las personas, justo lo contrario de lo que debería hacer si queremos construir una sociedad mejor, más comprometida, más solidaria, más cohesionada y donde se defienda, de manera prioritaria, la igualdad de oportunidades.
