Una de ellas reforzará el Juzgado de Primera Instancia 6 de Castellón, cuatro irán a Valencia y una a Alicante
Castellón Información
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha acogido hoy el acto de jura / promesa de seis nuevas juezas que se incorporan a distintos juzgados del territorio.
Son seis mujeres, que forman parte de la última promoción salida de la Escuela Judicial con sede en Barcelona, la número 67, que este lunes recibió sus despachos en un acto presidido por Su Majestad el Rey en la capital catalana.
Las seis nuevas juezas se incorporarán a sus destinos en los próximos días después de jurar o prometer esta mañana su cargo ante la Sala de Gobierno del Alto Tribunal Valenciano.
S
e trata de juezas adscritas a la Presidencia del TSJCV, que se incorporarán a órganos o partidos judiciales necesitados de refuerzos ante la inexistencia en este momento de plazas vacantes de titulares de órganos judiciales.
En concreto, durante los próximos seis meses apoyarán a los tres juzgados de Primera Instancia que hay en la Comunidad Valenciana especializados en cláusulas abusivas en contratos hipotecarios, los llamados juzgados de cláusulas suelo, con el objetivo de reducir el tiempo de respuesta de los mismos tras la recepción de más de 18.900 demandas desde que echaron a andar, en junio del pasado año.
En su intervención, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, ha animado a los nuevos jueces a aplicar la ley “con la independencia que debe dirigir y definir el trabajo de un juez por difíciles que sean las circunstancias”.
De la Oliva: La escasez de medios no es excusa
De la Oliva ha apelado a su “dedicación y diligencia” para hacer frente a la escasez de medios. “Estas carencias no pueden ser una excusa”, ha aseverado la presidenta del Alto Tribunal Valenciano, que ha animado a las togadas que hoy han jurado su cargo a “optimizar recursos” y a “formar equipo”.
La Comunidad Valenciana es, junto a Canarias, la tercera región a la que vienen destinados más miembros de la última promoción de jueces, sólo precedida de Cataluña y Andalucía.
Por provincias, cuatro de las nuevas juezas irán destinadas al Juzgado de Primera Instancia 25 de Valencia, que, de este modo, seguirá teniendo cinco juezas (la titular y las cuatro nuevas de apoyo) para dar salida a las 9.850 causas recibidas.
El Juzgado de Alicante especializado en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, el Primera Instancia 5, será el primer destino de otra de las nuevas togadas. Alicante ve así incrementado de dos a tres el número de jueces destinados en este órgano judicial, que ha registrado una entrada de 7.300 demandas. Contará con el magistrado titular y dos jueces de refuerzo.
Castellón, por su parte, recibe a una de las nuevas juezas, que realizará su trabajo como apoyo a la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia 6. Este órgano, que ha tenido una entrada de 1.762 asuntos, seguirá contando con dos jueces.
La 67ª promoción, en cifras
Las mujeres, que son más de la mitad de los 5.377 jueces españoles en activo, representan el 70,8 por ciento de los integrantes de la nueva promoción, un porcentaje casi siete puntos superior al 64 por ciento que suponían en la promoción anterior.
Atendiendo al lugar de residencia habitual, Andalucía es la Comunidad Autónoma que más jueces aporta (13), seguida por Castilla y León (11) y Cataluña, Galicia y Madrid (6 cada una).
Entre los nuevos jueces hay también cinco residentes en la Comunidad Valenciana; cuatro en Castilla-La Mancha; tres en Navarra y en el País Vasco; dos en Aragón, Asturias y Canarias; y uno en Extremadura y Murcia.
La media de edad al ingresar en la Escuela Judicial en 2016 era de 28 años, aunque los cuatro alumnos más jóvenes tenían entonces 24 y los tres más veteranos pasaban de los 40.
Cuando llegaron a la Escuela, habían dedicado una media de 3 años y once meses a preparar las oposiciones de acceso a la Carrera Judicial, a las que la mayoría –el 55,4 por ciento- había tomado la decisión de presentarse durante su estancia en la Universidad como estudiantes de Derecho.
El 95,4 por ciento de los nuevos jueces contó con el apoyo económico de sus padres durante la preparación de la oposición, y solo el 4,6 por ciento disfrutó de una beca.
Sin relación familiar con el sector jurídico
El 70,8 por ciento de los miembros de la nueva promoción no tiene en su familia a nadie que ejerza una profesión en el sector jurídico. En los casos en los que sí existe esa relación, solo cuatro alumnos tenían como familiar a un juez.
La afición por el Derecho (69 %), la independencia e imparcialidad de la función del juez (63 %), el papel de garante de los derechos fundamentales (55 %) o la contribución al servicio público de la Administración de Justicia (52 %) son algunos de los motivos esgrimidos para ingresar en la Carrera Judicial.
El área penal, la preferida para ejercer en el futuro
En la encuesta que cumplimentaron al ingresar en la Escuela Judicial, el área penal fue señalada como la preferida para ejercer en el futuro por el 29,1 % de los miembros de la promoción, seguida por la civil (19,4 %) y la de familia (13,1 %).
Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer fueron citados como preferencia de futuro por el 10,3 % de los alumnos, por delante de la jurisdicción de menores (9,7 %), la mercantil (6,9 %), la social (4,6 %) y la contencioso-administrativa (4 %).
Primeros destinos
Cataluña es la Comunidad Autónoma a la que irán destinados más miembros de la promoción, ya que contará con un total de 17 de nuevos jueces. Le siguen Andalucía, con once; y Canarias y la Comunidad Valenciana, con seis cada una.
De los 65 miembros de la nueva promoción, 37 comenzarán a ejercer la jurisdicción como titulares de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Otros dos ocuparán plazas de juez de adscripción territorial, mientras que los 26 restantes quedarán a disposición del presidente del Tribunal Superior de Justicia al que vayan destinados, ante la inexistencia en este momento de plazas vacantes de titulares de órganos judiciales.
