Miguel Ángel Cerdán. Profesor de Secundaria.
La reciente Amnistía fiscal, con el que el gobierno del señor Rajoy ha intentado regularizar la situación de miles de defraudadores y recaudar una importante cantidad de dinero, ha acabado en un sonoro fracaso. De hecho, el propio Gobierno ha admitido que apenas se ha recaudado la mitad de la cifra prevista, aunque otros analistas hablan de que sólo se han ingresado en las arcas públicas el 10 % de los 2.500 millones de euros inicialmente previstos. Es decir, que esta Amnistía ha fracasado en su doble vertiente; ni muchos defraudadores han regularizado su situación, claro indicador de que piensan seguir evadiendo dinero al fisco, ni se ha alcanzado el objetivo de recaudación.
Para explicar este evidente fracaso en la lucha contra el fraude fiscal, esta sensación de impunidad que tienen muchos, tal vez tengamos que señalar que la Agencia Tributaria de España cuenta apenas con un trabajador por cada 1.680 contribuyentes. En Francia, por el contrario, la ratio es uno por cada 790, en Gran Bretaña uno por cada 810 y en Alemania uno por cada 690 contribuyentes. Este desfase tan notorio tal vez ayude a explicar que el fraude fiscal y la economía sumergida se sitúen en nuestro país, y según un estudio de GESTHA, en el 23,3 % del PIB, colocándonos de esta forma en los primeros puestos del ranking europeo, tras Grecia e Italia. De hecho, según la propia GESTHA, si la economía sumergida se redujera diez puntos en porcentaje del PIB, hasta el 13,3 %, el Estado ingresaría 38.500 millones de euros más al año, lo que solucionaría muchos de los problemas de España y haría posible alcanzar la estabilidad presupuestaria por la vía del aumento de ingresos pero sin subir impuestos. Y no haría falta un recorte de gastos.
Sin duda, para luchar contra el fraude fiscal habrá que revisar el sistema que actualmente adopta el Impuesto de Sociedades, cuya recaudación ha descendido en un 64 % en los últimos años; una proporción que no guarda proporción ni de lejos con el descenso del PIB y que desvela la existencia de elementos estructurales de nuestro sistema tributario sobre los que no existe un buen control y que tal vez propicie el traslado de actividades económicas a la economía sumergida. Y también habrá que adoptar medidas que impidan que los grandes empresarios y financieros acaparen el 72 % del fraude fiscal. Y es que, en contra de la creencia popular comúnmente extendida, el fraude fiscal no se sitúa en los autónomos ni en las Pymes; tiene como origen principal, y de forma muy acusada, en las grandes fortunas, patrimonios y en las grandes empresas. Para ello, sin duda, habrá que dotar con más medios humanos y de todo tipo a la Agencia Tributaria, ya que no es de recibo que estemos a la cola en medios y personal en este aspecto. Y lanzar agresivas campañas de concienciación y de no concienciación contra el fraude fiscal Pero sobre todo, lo que se debería hacer es escuchar la voz de los que entienden de esto, que no son otros que los técnicos de Hacienda, y que seguro que aportarán, si se les hace caso, muchas soluciones.
