El Gobierno asegura en una respuesta que "no existe colapso ni falta de personal" para dar vía libre a la PPR, algo contra lo que se están movilizando los funcionarios y constatan sus propias cifras de ofertas de empleo
Castellón Información
El portavoz de Compromís, Carles Mulet, ha valorado como "muy poco creíbles" las razones del Gobierno para apoyar sin reparos la puesta en funcionamiento de la Prisión Permanente Revisable (PPR) en nuestro país, a pesar de las dudas sobre la legalidad de la medida, que podría vulnerar los derechos humanos.
La coalición ha puesto en duda la compatibilidad de las actuales instituciones penitenciarias de nuestro país con la voluntad del Partido Popular de apostar por esta pena privativa de libertad en determinados delitos. "Como ya dijimos, las instituciones penitenciarias de nuestro país no están preparadas para ello por la falta de personal, la carga de trabajo del existente, la saturación en las mismas y la conflictividad presente, según nos han relatado los propios funcionarios, por lo que entendemos que introducir en las cárceles a gente sin esperanzas es una bomba de relojería", ha señalado Mulet.
En una respuesta, el Gobierno relativiza a los senadores de la coalición la aplicación de la PPR, al indicar la limitación e la medida, la supuesta compatibilidad con el ordenamiento europeo y señala a la individualización científica de nuestro sistema para dar una respuesta adecuada a los internos que cumplan esta condena sin necesidad de ninguna reforma legal. Por otro lado señala que "no existe un colapso ni falta de personal, debido al menor número de población reclusa", afirmación que, para la coalición "no cuela", pues está constatada la amortización y desaparición de plazas de funcionarios desde la llegada de Rajoy al Gobierno y cómo han anunciado recientemente su voluntad de hacer una oferta pública de empleo de 774 plazas e incorporar este año 701 plazas de ayudantes funcionarios de instituciones penitenciarias para suplir las vacantes y plazas amortizadas.
Compromís recuerda los derechos de los reclusos, a una adecuada asistencia sanitaria, reeducación y reinserción social. La coalición ha instado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y al Ministerio a corregir con celeridad esta situación en las cárceles valencianas y del Estado en los Presupuestos de 2018 y ha anunciado enmiendas para garantizarlo.
