Una encomienda de gestión a la empresa pública TRAGSA permitirá renovar los sistemas de seguridad de todos los edificios judiciales de la Comunitat Valenciana en un plazo de diez meses.
Un nuevo centro de control construido en la Ciudad de la Justicia de València centralizará los sistemas de control de emergencias de todas las dependencias judiciales valencianas.
Castellón Información
La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas invertirá un total de 3.377.829 euros en mejoras de seguridad en las sedes judiciales de toda la Comunitat Valenciana.
Esta inversión se realizará mediante una encomienda de gestión a la empresa pública instrumental TRAGSA que, entre otras actuaciones, renovará los sistemas de seguridad de todas los edificios judiciales de la Comunitat Valenciana y centralizará los mecanismos de seguimiento y control en la Ciudad de la Justicia de València.
Con estas mejoras, todo el sistema de vigilancia contra incendios e intrusismo será monitorizado desde una sala de control central en la primera planta de las dependencias de la Ciudad de la Justicia de València.
La encomienda, además, incluye la adquisición de los dispositivos necesarios para el control de acceso a los juzgados tales como arcos de detección de metales y escáneres.
También se instalarán cámaras de circuito cerrado de televisión en todos los juzgados cuyas imágenes podrán ser monitorizadas desde València. El proceso se llevará a cabo entre septiembre de 2018 y marzo de 2019.
En cuanto al actual sistema de alarmas en la Ciudad de la Justicia de València, se está procediendo a la instalación de un cableado para su traslado a una nueva centralita con capacidad para monitorizar en pantalla cualquier incidencia en el edificio que estará operativa a finales del mes de junio.
En la misma fecha se habrán renovado todos los elementos de seguridad (cámaras, arcos y escáneres, etc.) y entrará en funcionamiento la nueva sala de vigilancia y control centralizado en la planta baja de la Ciudad de la Justicia.
La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades, Gabriela Bravo, ha reunido este viernes a delegados de todos los colectivos profesionales que trabajan en la Ciudad de la Justicia (jueces, fiscales, letrados de la administración de Justicia, empleados públicos, empresas contratistas, el Instituto de Medicina Legal y fuerzas de Seguridad) para explicarles los pormenores del proyecto y de todas las medidas adoptadas por la conselleria en materia de seguridad y protección de las sedes judiciales referentes a planes de emergencia y autoprotección y al nuevo modelo de mantenimiento.
Planes de emergencia y autoprotección
En los últimos nueve meses, la Conselleria ha revisado y actualizado o elaborado en su caso 44 planes de emergencia y autoprotección, quince de ellos ya inscritos en el registro y aprobados por la Dirección General de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, catorce pendientes de validación y otros catorce ya elaborados pero todavía no registrados.
Para acometer esta tarea ha sido necesario, primero, reforzar el Servicio de Infraestructuras de la conselleria, al que se ha dotado de la estructura administrativa de una subdirección general. Quedan pendientes de elaboración los planes de aquellas sedes que van a sufrir traslados o obras de reforma integral. En esta situación están Xàtiva, Vinaròs, Villajoyosa, Torrevieja, Ontinyent y Mislata y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La elaboración o revisión y actualización de esos planes era condición previa para acometer la segunda fase del proceso, consistente en la creación de cuatro comités de autoprotección para la implantación y seguimiento de los planes de autoprotección de todas las sedes judiciales: un comité en cada provincia y un comité específico para la Ciudad de la Justicia de València.
Tras el nombramiento de los correspondientes directores y suplentes, este jueves 17 de mayo quedó constituido el Comité de la Ciudad de la Justicia de Valencia, compuesto por doce miembros entre los que se encuentran los delegados de prevención del personal que trabaja en el edificio, así como de las empresas contratistas que operan a diario en el inmueble.
Constituido el comité, será su misión diseñar los protocolos de formación, implantación y ejecución de las medidas de seguridad y autoprotección en caso de emergencia. Trabajará para ello en coordinación con la Dirección General de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud Laboral y el Instituto Valenciano de Administración Pública. El próximo otoño se realizarán los primeros simulacros.
Respecto a la constitución de los comités de autoprotección provinciales, que planificarán el nombramiento de responsables de las sedes judiciales relacionadas con las situaciones de emergencia, su formación e implantación, se ha procedido a formular la convocatoria de los agentes involucrados (Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, representante del Ministerio de Justicia, empresas externas, Guardia Civil, representante del comité de seguridad y salud -representantes sindicales- y gerentes de las provincias, entre otros) para la primera quincena de junio en las dependencias del Tribunal Superior de Justicia. Con posterioridad se seguirá el mismo protocolo de nombramiento, formación y simulacro establecido en la Ciudad de la Justicia de València.
Nuevo mantenimiento
Gabriela Bravo también informó este viernes a sus interlocutores de la licitación de un nuevo contrato de mantenimiento integral de las sedes judiciales, que tendrá una duración de dos años, prorrogable un año más.
Esta modalidad supone una mejora respecto de los anteriores contratos, que debían licitarse cada años, y triplica la inversión anual que la Conselleria venía realizando en materia de mantenimiento y conservación de los edificios judiciales.
