La Ciutat de la Justicia también juzga hoy a tres personas acusadas de traer mujeres de Nigeria para obligarlas a ejercer la prostitución
Castellón Información
La sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón juzga hoy a un miembro de seguridad de un pub de Oropesa del Mar acusado de dar una paliza a un cliente. La agresión se produjo en 2014 cuando la víctima se encontraba en el interior del establecimiento y discutió con otro cliente, también acusado, que le pegó un bofetón.
En ese momento, el responsable de seguridad cogió a la víctima por el cuello y la sacó del local, donde le tiró al suelo de un puñetazo y le dio patadas en la boca y en el cuerpo. A consecuencia de los golpes, el agredido se rompió la nariz y perdió parcialmente varios dientes.
El fiscal pide para el responsable de seguridad una pena de cinco años de prisión por un delito de lesiones y para el cliente, también acusado, una multa de 150 euros por una falta de lesiones.
Juzgan a tres personas acusadas de traer mujeres de Nigeria para prostituirse
Por otro lado, la sección segunda de la Audiencia Provincial juzga hoy a tres personas acusadas de organizar durante años la entrada de mujeres a España desde Nigeria, a las que hacían pasar por turistas y a las que realmente obligaban a ejercer la prostitución en Castellón.
Según mantiene el fiscal en su escrito, una vez en España, los acusados les decían a las víctimas que habían adquirido una deuda con ellos por el transporte, que debían sufragar prostituyéndose en la zona del Camí Caminàs.
Para conseguirlo, agredían a las mujeres y las amenazaban con hacerles rituales de vudú a ellas, o a sus familias en Nigeria. Una de las víctimas, menor cuando llegó a España, debía entregar todos los días a los acusados 100 euros para pagar la deuda. En el caso de no conseguirlos, llegaban a castigarla poniéndola de rodillas cara a la pared o le hacían vudú. El fiscal relata en su escrito que cuando la joven consiguió escapar, ingresó durante dos años un total de 55.000 euros en una cuenta de los acusados para evitar que amenazaran y dañaran a sus familiares.
El fiscal pide penas que oscilan entre un año y diez años de prisión por un delito de prostitución coactiva de menores, de inmigración clandestina y de tráfico de personas.
