El Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón mantiene abierta la investigación del caso y el subdelegado pide que se deje trabajar a la justicia
El nuevo delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, y el subdelegado del Gobierno en Castellón, David Barelles han confirmado hoy a los medios de comunicación la existencia de una trama de facturas falsas, por las que se habría estafado dinero público con la colaboración de pequeños empresarios de la ciudad. Tanto Fulgencio como Barelles han afirmado, que la investigación judicial sigue abierta, y que se ha abierto expediente y suspendido de empleo y sueldo a un funcionario, aunque inicialmente el inicio de la trama habría sido cometido por dos trabajadores de la casa, una de ellas, jubilado.
Castellón Información
El nuevo delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, ha confirmado hoy, tras la toma de posesión de su cargo, la noticia que algunos medios como El Mundo Castellón al Día llevaban publicando desde el pasado domingo. La existencia de una trama de facturas falsas mediante las cuales, funcionarios de la entidad, en connivencia con pequeños empresarios de Castellón, habrían organizado una trama por la cual, de forma continuada, al menos desde hace diez años, se estafaba dinero público a través de facturas falsas.
Según las noticias publicadas hasta que se ha hecho pública esa declaración, serían, al menos dos funcionarios, los que ya estarían investigados, y uno de ellos, suspendido de empleo y sueldo, y el otro ya jubilado.
Juan Carlos Fulgencio ha confirmado que el Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón mantiene abierta la investigación para tratar de llegar al fondo del asunto.
Al mismo tiempo, el subdelegado del Gobierno de Castellón, David Barelles también ha remitido una declaración institucional, en la que reconoce la autenticidad de los hechos, y realiza una serie de aclaraciones, porque esta investigación comenzó en 2017, y ya se estaba actuando con anterioridad.
Pido que se deje trabajar a la Justicia con libertad e independencia
Según dice textualmente la declaración de David Barelles:
“Ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación referentes a la Subdelegación del Gobierno en Castellón, y para preservar la integridad y buena imagen de la institución, el subdelegado del Gobierno en Castellón, David Barelles, quiere dejar constancia de lo siguiente:
Se trata de un asunto que está bajo investigación judicial y policial, de cuyo contenido no puedo informar para no obstruir la labor de investigación y esclarecimiento de los hechos, en beneficio de todos los ciudadanos.
Tan pronto se detectó la presunta irregularidad en el uso de los recursos económicos de la Subdelegación, en agosto de 2017, puse en conocimiento de estos hechos al Cuerpo Nacional de Policía, para que llevara a cabo las investigaciones y averiguaciones pertinentes. He dado instrucciones para que se pongan, desde que se detectó la primera anomalía hasta ahora, un total de tres denuncias ante la Policía, por si pudieran ser constitutivas de delitos.
Las cuentas de la Subdelegación del Gobierno en Castellón han pasado todos los controles legales y han seguido todos los mecanismos de validación que establece la Administración General del Estado. Todas las facturas habían pasado los referidos controles a todos los niveles administrativos sin levantar ninguna sospecha.
Abrí un expediente disciplinario, separando de sus funciones a una persona que en estos momentos no está prestando sus servicios profesionales en la Subdelegación.
Cuando la investigación policial derivó hacia un procedimiento judicial, solicité a la Abogacía del Estado de la Subdelegación del Gobierno en Castellón que se personara en el caso como acusación particular, con el objetivo de poder ejercer la defensa de los derechos legales de la institución y tratar de resarcir a la institución del mayor volumen posible del presunto agravio económico padecido.
Informé a la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana y al Ministerio de la Presidencia y de las Administraciones Territoriales de los hechos, de los que siempre tuvieron cumplida información.
Desde el primer momento ofrecí toda la colaboración con la justicia y los investigadores, para que tuvieran la máxima información, a quienes se les ha ido facilitando cuanta documentación han ido requiriendo.
Abrí una investigación interna en la Subdelegación del Gobierno en Castellón, y se ha revisado toda la documentación, contratos y relación con los proveedores desde que se ha tenido conocimiento de los hechos hacia atrás en el tiempo. Toda esta documentación ha ido siendo puesta a disposición de la Policía para que pueda analizarla y determinar si debe formar parte de la instrucción que se está llevando a cabo en los tribunales.
Quiero defender el buen nombre de los trabajadores y profesionales que desarrollan su labor en la Administración General del Estado a través de la Subdelegación del Gobierno en Castellón. Se trata de un colectivo que es muy profesional, cualificado, entregado, responsable y honrado, y que ejerce sus funciones de manera escrupulosa. La mala práctica de alguna persona o algunas personas no pueden ni deben empañar el buen nombre del trabajo y los servicios que se prestan a todos los castellonenses desde la institución que tengo el honor de dirigir en los últimos seis años y medio.
Con las acciones y decisiones que he adoptado desde mi cargo y que he ido poniendo en conocimiento de la Policía he querido dejar constancia pública y manifiesta de que no todo vale en la Administración, que la ley está para cumplirse y que nadie que abuse de la confianza de una organización puede quedar impune. He cumplido con mi obligación de gestor y servidor público.
Los servidores públicos, entre los que nos encontramos los cargos políticos, tenemos la obligación de velar por los recursos de toda la ciudadanía como si fueran los nuestros propios. Y es lo que he hecho en este caso, motivo por el que ni podía ni he querido mirar hacia otro lado, asumiendo mi responsabilidad institucional. La corrupción no entiende de siglas ni de funciones o categorías profesionales. La obligación de todos los cargos públicos es combatirla ante la menor sospecha.
Pido que se deje trabajar a la Justicia con libertad e independencia, para que los hechos que se están analizando puedan resolverse a la mayor brevedad posible, en beneficio de los castellonenses y el buen nombre de las instituciones”.
Según las informaciones publicadas, los investigados, desde la Subdelegación, solicitaban facturas con cargo a productos o elementos de la Subdelegación, pero para uso personal. Las mismas fuentes señalan que la estafa puede haber alcanzado un volumen de un millón de euros.
