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lunes, 25 de noviembre de 2024 | Última actualización: 23:18

Las Asociaciones vecinales alegan contra la valencianización del nombre de Castellón

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Manifiestan que la doble denominación está en vigor desde 1982, y que no se puede tomar esta decisión sin una consulta popular

Las asociaciones de vecinos de Castellón: Federación de Asociaciones Ciudadanas, Consumidores y usuarios de Castellón, Federación Coordinadora de Entidades Ciudadanas (Coasveca) y Federación Provincial de AAVV de Castellón, han presentado esta mañana una alegación en el Ayuntamiento, para solicitar que no se singularice el nombre de Castellón solo a su topónimo en valenciano, sin realizar antes una consulta popular que lo avale. Señalan que la doble denominación está en vigor desde 1982, y su limitación solo al valenciano, merma los derechos de gran parte de la población.

Castellón Información

Los representantes de las asociaciones vecinales: Federación de Asociaciones Ciudadanas, Consumidores y usuarios de Castellón, Federación Coordinadora de Entidades Ciudadanas (Coasveca) y Federación Provincial de AAVV de Castellón, han presentado esta mañana por registro municipal, una alegación al acuerdo de pleno que aprueba limitar el topónimo de Castellón y el Grao solo a sus topónimos en valenciano: Castelló y El Grau.

carretera Castellón

En su exposición, la alegación indica:

“Nunca hasta ahora los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad se habían planteado cambiar el nombre de la ciudad. Una vez más la ciudadanía va por delante de nuestros políticos, seguramente será porque para la mayoría hay temas mucho más importantes que eliminar una ‘n’, o será porque, desde siempre hemos aprendido a convivir y respetar los dos idiomas que coexisten en nuestra ciudad.

El planteamiento que se realiza desde la parte de la clase política local, que no desde la ciudadanía, hace que se produzca una polarización de la población que lejos de llegar a un entendimiento desde el diálogo, favorece al crispamiento social y enfrentamiento que a nadie favorece.

Si nos basamos en la historia de nuestra ciudad, la pretensión de eliminar el nombre de Castellón de la Plana, no tiene justificación alguna, y es por ello que nos preguntamos: ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es la razón por la que se quiere herir los sentimientos de muchos castellonenses?

Siempre hemos dicho que apoyamos y apoyaremos  cualquier iniciativa tendente a consolidar el valenciano como idioma propio de nuestra tierra, pero siempre desde el respeto al castellano en cumplimiento a la Constitución Española y al Estatuto de Autonomía que, actualmente y, según consta en el registro de entidades locales de la Generalitat Valenciana su denominación oficial es bilingüe: Castellón de la plana, Castelló de la Plana.

Valoramos que basen su propuesta en la opinión de reconocidas personas del mundo de la cultura y tradición de nuestra ciudad, pero una vez más nos llama la atención que, a pesar de ser una medida de gran calado para la ciudadanía, pretendan tomarla sin tan siquiera consultar  a ella. Las imposiciones realizadas unilateralmente consiguen un rechazo frontal de parte de la ciudadanía que hasta ahora ha sabido convivir sin problema alguno en su historia más reciente."

En base a esta imposición, las tres asociaciones alegan:

"1.- Que para muchos castellonenses, entre los que orgullosamente nos encontramos, el nombre de nuestro lugar de nacimiento, desarrollo de nuestra vida y, por tanto, referente ineludible de nuestra historia personal, es una marca de identificación que nos acompaña siempre y, por tanto, cuestión de piel, de sentimiento.

2.- “La identidad de un pueblo es un  bien inalienable del que nadie puede apropiarse en nombre de la ciencia, y un derecho básico de sus habitantes el ser tomados en cuenta en cuanto a su historia se refiere. Nos sentimos y sentiremos de Castellón más allá de lo que la ciencia y nuestros gobernantes decidan.

3.- Y ya que nuestro Ayuntamiento es tan amante últimamente de las consultas populares, nuestra alegación va encaminada en lo que siempre hemos basado y hemos defendido y que no es otra cosa que una consulta popular a la ciudadanía en los términos que establece la ley, con todas las consecuencias y con la fórmula más sencilla para que todo/a ciudadano/a que así lo desee, pueda participar”.