Pascual Montoliu. Ha sigut capellà, professor d'antropologia i teologia, i tècnic comercial.
Nuestra jurisprudencia más castiza ha acuñado términos que han hecho fortuna en la jerga jurídica, como el de alarma social, o los estigmas del inefable Bacigalupo, o las togas con el polvo del camino de Conde Pumpido. Al amparo de semejantes paridas se ha tomado decisiones judiciales arbitrarias y rayanas con la prevaricación impune. Lo que esta semana ha ocurrido, a propósito del pacto entre la Fiscalía de Barcelona y los corruptos convictos y confesos de Unió Democràtica, más que alarma social, provoca en la ciudadanía asco y desprecio.
No es de recibo que encima salga el Fiscal General Torres Dulce a intentar convencernos de que no ha habido trato de favor con estos políticos y funcionarios que metieron la mano en el dinero que Europa nos daba para formación y combatir el paro. No es de recibo que esto lo diga cuando a los curritos que no estamos en política se nos aprieta las tuercas y el cinturón hasta subirnos las vísceras a la garganta a ver si comemos menos y ahorramos por real decreto a fin de sanear las depauperadas y asaltadas arcas del Estado. Y no es de recibo que encima se cachondee al reconocer que no es compatible con el estado de derecho la dilación escandalosa de un juicio abortado después de catorce años, no se sabe si de instrucción o de encubrimiento. No tomar ninguna medida al respecto, después de un reconocimiento tan explícito, supone una flagrante dejación de funciones por parte de la Fiscalía.
Más que sospechoso, resulta revelador que en pleno proceso independentista se desempolve un caso que dormía en cajones judiciales. Ocurren cosas muy raras en los juzgados de Barcelona, de donde nos enviaron aquella perla que era el juez Pascual Estevill para formar parte del Consejo del Poder Judicial por la cuota de reparto de CiU. Un extorsionador en la corte suprema de nuestra judicatura. Que a estas horas y en fechas tan oportunas se haya producido señalamiento de la causa, ya no se sabe si quien maneja el calendario judicial pretendía impartir justicia o inducir una guerra dentro del independentismo con el fin de provocar la salida de Durán i Lleida y proceder así a la “limpieza étnica” en las huestes de Mas. Vete a saber. Ahí está Esquerra pidiendo la cabeza del oscense de la Franja de Ponent. A veces uno le asalta la impresión de que en Cataluña los tribunales ya van por libre y al margen del Poder Judicial, en un ensayo general de soberanía. Pero es evidente que alguien, quienquiera que sea, maneja los tiempos judiciales con fines políticos. Ya ocurrió con los trajes de Camps.
Por si este escarnio no fuera suficiente, ahora nos amenaza Gallardón el Reformador con imponernos el modelo judicial que había diseñado el PSOE, donde desaparece la figura del Juez Instructor y se quiere traspasar a la Fiscalía el proceso de instrucción. Teniendo en cuenta que la Fiscalía es un órgano jerarquizado dependiendo en su funcionamiento y nombramiento del poder ejecutivo, ya tenemos aquí la gran burla de la independencia judicial, cuya burra nos quiso vender quien dejó hecho una camada de zorros el Ayuntamiento de Madrid.
Con razón pronosticó Alfonso Guerra en los años ochenta que, pasados veinticinco años, a España no la reconocería ni la madre que la parió. La madre fue la Transición, herida de muerte por Zapatero y por imponderables del destino va a ser el PP el oficiante de sus funerales. Si se consuma el desatino diseñado por los socialistas y avalado por Gallardón nos habremos sentado ya en la antesala del estado de anomia y de anarquía generalizada, adonde precisamente no nos quería llevar la Transición. Una anomia, no por ausencia de leyes, sino por desprestigio de la legalidad. Y una anarquía, por quiebra de los principios de buen gobierno y por la pérdida absoluta del respeto a una autoridad sin auctoritas.
