Araceli Peris. Senadora del PP por Castellón.
El Gobierno con la prioridad de impulsar el crecimiento de nuestra economía y la creación de empleo sigue con las reformas legislativas a fin de transformar la economía española y aumentar su competitividad, para ello ha elaborado el Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, dirigido a asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional.
La Ley está inspirada en el principio de licencia única y legislación de origen, que ya funcionan en el Mercado Único Europeo y supone un importante paso en la mejora de la competitividad de nuestra economía, esta ley es vital para sentar las bases de una estructura económica moderna.
Son tres las claves de la próxima Ley:
-Establecimiento del principio de licencia única para operar en todo el territorio español.
-Creación de un registro único por sector o actividad económica.
-Cooperación administrativa antes y después para el control y la supervisión del cumplimiento de la ley.
Esta norma no va a suponer una recentralización, ni un intento de legislar sobre las autonomías aunque determinados partidos se interroguen sobre ello. Es una solución a la tela de araña administrativa existente en torno a la actividad económica en España. Por el contrario, esta regulación hará que a partir de su entrada en vigor cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica podrá ser ofertado en todo el territorio nacional sin necesidad de trámite adicional. Los productores solicitarán una sola licencia, en una comunidad autónoma y podrán comercializar sus productos en todo el país. Asimismo, los prestadores de servicios tendrán también que pedir una única licencia de actividad y tendrán que atender, igual que ocurre en Europa, a los requisitos de destino para ejercer esa actividad.
Por ello, el establecimiento de este principio de licencia única elimina en la práctica el coste de tener que someterse hasta diecisiete regulaciones distintas para operar en España. Porque, aunque parezca increíble, en un Estado como el español, con diecisiete comunidades autónomas y más de ocho mil municipios la actividad económica se ve lastrada por estas obligaciones legales excesivas, diecisiete distintas, y disminuida la competitividad de nuestras empresas verdaderos entes creadores de empleo. Ello es una traba más en la eficiencia de nuestra economía y absolutamente incoherente con el mercado único europeo. No hay que desdeñar tampoco que la normativa tan abundante desincentiva la inversión extranjera, incrementa la inseguridad jurídica e impide a las empresas beneficiarse de las economías de escala, lo que perjudica la competitividad de nuestra economía y se traduce en destrucción de empleo.
La aprobación de esta ley va a suponer un aumento total del PIB del 1,52% en un periodo de diez años. No hay que minusvalorar, en una época tan crítica como la que estamos viviendo, que esto supondrá el aumento en torno a 1.500 millones de euros cada año.
Esta ley se ha convertido en imprescindible por lo expuesto, así como porque es una respuesta a las peticiones de rebaja de trabas normativas que llevan realizando durante años todos los productores en nuestro país y numerosos organismos internacionales. Máxime, en una época tan dura como la que estamos atravesando, es improrrogable replantearse la legislación para eliminar obstáculos que limitan el ejercicio de la actividad económica y, por tanto, limitan la creación de empleo en nuestro país. La legislación no puede coartar el desarrollo económico de un territorio sino favorecer que ello se produzca.
