La Comisión Plenaria deberá votar si aplica el acuerdo aprobado por unanimidad y le retira las delegaciones
El informe técnico solicitado por el GMP confirma que, según el Código de Buen Gobierno adoptado por toda la Corporación, la vice alcaldesa, Ali Brancal, debería renunciar a sus delegaciones municipales en tanto no se resuelva su condición de ‘imputada’ por la ‘querella de los sobres’. El informe remite la decisión a la Comisión Plenaria del 22 de noviembre. El Código de Buen Gobierno fue elaborado y votado por unanimidad, en abril de 2015, a petición de Izquierda Unida y Compromís.
Esperanza Molina/ Castellón Información
El Informe técnico, elaborado por la secretaria municipal el Ayuntamiento de Castellón, a petición del grupo Municipal Popular, confirma que la vice alcaldesa, Ali Brancal, se encontraría en una situación más que complicada, porque incumpliría el Código de Buen Gobierno al que se adhirieron por unanimidad todos los grupos municipales.
Según ese Código, cualquier miembro de la Corporación que se encontrara en la situación de ‘imputado’ o ‘investigado’ en un proceso judicial por la posible comisión de un delito relacionado con la corrupción, debería ser relegado de sus delegaciones y representaciones municipales en tanto no sea exonerado. Es decir, debería abandonar las delegaciones municipales, Comisiones informativas, representación en patronatos u otros órganos en los que intervenga en su condición de representante municipal.
El informe técnico recoge la petición recibida, señala los antecedentes, revisa el Código de Buen Gobierno, tal como fue aprobado por unanimidad por todos los grupos municipales en abril de 2015, y analiza la situación en la que se encuentra la vice alcaldesa Ali Brancal.
El informe no entra en ningún caso a analizar cómo se instruye el proceso judicial que se desarrolla en el juzgado de Instrucción número dos de Castellón, ni en las pruebas presentadas por la acusación; y, por descontado, tampoco se pronuncia sobre la inocencia o culpabilidad de la vice alcaldesa en esa ‘querella de los sobres’.
Pero si confirma, que uno de los párrafos acordados en aquel Código establece la retirada de los cargos de representación y delegación, cuando uno de los miembros de la Corporación se vea inmerso en un procedimiento judicial en el que se vea afectado, aunque sea como investigado por querellado, cuando el delito por el que lo sea esté relacionado con corrupción. En ese sentido, también califica como delito de corrupción, la presunta malversación de fondos públicos, que es la acusación que pesa contra Ali Brancal y Enric Nomdedeu, por una querella admitida a trámite e instruida por el juzgado, presentada por Juan José Pérez Macián, concejal del PP en el Ayuntamiento.
Y se da la circunstancia de que el delito de malversación no establece un mínimo para la culpabilidad, o se da o no se da, ya sea por 25 céntimos o por 25 millones.
Moción de EU y Compromis para salvaguardar las instituciones
Para entender un poco lo que está ocurriendo ahora cabe hacer un poco de historia.
En 2013, la concejal de Izquierda Unida, Carmen Carreras, y el edil de Compromis, Enric Nomdedeu, presentaron una moción para que se constituyera una Comisión Ética, que estableciera unas pautas para defender el buen nombre de las instituciones y de los políticos que las representaban.
En aquel momento se instruían las investigaciones de las tramas Gürtel y el alcalde de la ciudad, Alfonso Bataller, había sido ‘investigado’ o ‘imputado’, como posible responsable de un presunto fraccionamiento de pagos por parte de la Generalitat Valenciana cuando era secretario autonómico de Sanidad. El proceso judicial no encontró indicios de culpabilidad y por tanto Bataller fue desimputado… pero eso no impidió que las aguas estuvieran más que revueltas, y que la entonces oposición exigiera medidas para evitar que volviera a producirse una situación similar. Dicho de otra manera, que un representante municipal se viera bajo sospecha al encontrarse afectado por una instrucción judicial. Y todo ello, para mantener la buena imagen de las instituciones.
La propuesta de Izquierda Unida y Compromis fue aceptada. Se estableció una Comisión de Estudio y se llegó a un acuerdo: un Código de Buen Gobierno, votado por unanimidad por todos los grupos políticos, al que se adherirían las Corporaciones siguientes.
La 'querella de los sobres'
En febrero de 2018 el concejal del GMP, Juan José Pérez Macián, interpuso una querella en la que acusaba a Ali Brancal, ya vice alcaldesa, y a Enric Nomdedeu, secretario autonómico para el Empleo, de haber cometido los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público. La base de aquella querella se centraba en las posibles ilegalidades cometidas por Ali Brancal y Enric Nomdedeu cuando eran concejales de Compromis en 2014. Según la acusación, ambos habrían utilizado los medios y el correo municipal para enviar propaganda electoral de Compromis y pedir el voto para su partido en las Elecciones Europeas.
El Juzgado de Instrucción nº 2 admitió a trámite la querella e inició la instrucción por la cual ‘investigaba’ a Ali Brancal y Enric Nomdedeu por la presunta comisión de ambos delitos. Ambos fueron llamados a declarar por el Juzgado.
La causa sigue abierta y en proceso de instrucción, por lo que, a juicio del PP, habría que aplicar el Código de Buen Gobierno y Ali Brancal tendría que abandonar delegaciones y representaciones.
De esta forma, el PP solicitó a la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, que hiciera cumplir aquel Código. La alcaldesa respondió entonces que no había evidencias y por eso el GMP solicitó el informe a la secretaria para que estableciera si debe aplicarse o no el Código a Ali Brancal.
El informe técnico señala en este sentido, que laComisión de Gobierno Abierto y Participación del Ayuntamiento deberá escuchar las alegaciones que tenga a bien presentar la vicealcaldesa, y votar en pleno si se aplica el Código.
"El Código de buen gobierno de los miembros corporativos del Ayuntamiento de Castellón establece unas medidas a adoptar en caso de imputaciones formales a los miembros de la Corporación Municipal.
A la vista de la documentación aportada por el Grupo Municipal Popular de este Ayuntamiento, aparece como investigada la Sra Dª Alicia Brancal Mas, vicealcaldesa de este Ayuntamiento en el momento a que se refieren los escritos aportados por este grupo municipal. Por ello esta consideración se emite sin perjuicio de las actuaciones que hayan podido ocurrir con posterioridad en el procedimiento judicial.
Corresponde a la Comisión de Gobierno Abierto y Participación, oida la Sra Alicia Brancal Mas, informar sobre la aplicación de las medidas que correspondan y en este sentido la propuesta de acuerdo al Pleno por ser materia que afecta al estatuto de los miembros de esta Corporación".
La Comisión Plenaria se reúne los jueves anteriores al pleno municipal. Está integrada por los portavoces municipales en orden a la representación municipal que les dieron las urnas, lo que significa, que los votos de cada formación serán decisivos para decidir si se aplica o no este Código de Buen Gobierno a la vice alcaldesa de Castellón, cuyo grupo impulsó aquel documento en 2013.
Puede suceder que la vice alcaldesa renuncie voluntariamente… O que los socios del Pacto del Grao sumen sus votos para impedir que se aplique el Código de Buen Gobierno, en cuyo caso, serían acusados de promover una ética que no cumplen cuando les toca…
O también podría pasar, que PSOE y CSEM se abstuvieran para no entrar en contradicciones… en ese caso, Ali Brancal seguiría siendo concejal, pero no vice alcaldesa y habría que reasignar sus representaciones. En cualquier caso, lo que se decida deberá ser respaldado por el pleno del Ayuntamiento.
El informe técnico ha satisfecho al Grupo Popular en sus pretensiones… pero solo en parte, ya que el PP considera que ese Código debería de haber sido aplicado directamente por la alcaldesa, y no ser sometido a votación en la comisión Plenaria.
