Santiago Beltrán. Abogado.
La participación ciudadana directa en la elaboración de leyes es en Europa y en la mayoría de sociedades avanzadas (EEUU, Canadá, etc.) una práctica democrática, no solo generalizada, sino valorada en grado sumo.
En España, por el contrario, a fuerza de ser diferentes, o por razones derivadas de una histórica insuficiencia social-democrática, no tiene acogida alguna por parte de las instancias políticas, aunque la ciudadanía la demande persistentemente, y más en los tiempos que corren.
España sería el mal ejemplo de la definición lincolniana referida a la democracia, consistente en el gobierno del pueblo, para el pueblo, pero pervertida para eliminar, precisamente al pueblo. Y a las pruebas me remito. Si excluimos las últimas iniciativas legislativas populares (dación en pago de las viviendas hipotecadas y consideración de las corridas de toros como bien cultural protegido), las más de 70 iniciativas presentadas por diversos sectores sociales desde la aprobación de la ley en 1984, han sido rechazadas en su integridad (a fuer de ser sinceros, solo una se aceptó por el Congreso en 1995 para subsumirla en otra proposición de ley en tramitación, y supuso una modificación sobre la reclamaciones de deudas comunitarias en la Ley de Propiedad Horizontal, lo cual, dicho sea dicho de paso, tenía escasa trascendencia y menor repercusión mediática).
Podemos afirmar, pues, que las dos iniciativas admitidas recientemente, constituyen un hito democrático sin precedentes. Sin embargo y curiosamente, ninguna de ellas reúne, a mi criterio, mejores motivos que otras anteriores para su admisión a trámite, aunque considero razonable que haya grupos o sectores sociales que las hayan promovido, para convertirse en pioneros de las ILP tramitadas en nuestro país. Esperemos que supongan el inicio de una nueva forma de entender la democracia por parte de los representantes públicos y no un mero devaneo oportunista, forzado por las actuales circunstancias.
A pesar de todo tengo algunas objeciones a las mismas, no a su promoción y admisión a debate, sino a su aceptación en los términos que se han planteado.
La de los toros me parece completamente innecesaria, por variadas razones: a) obedece a la prohibición de las corridas en Cataluña: b) es un intento de mitigar el ataque de cuernos que ha supuesto que hayan sido protegidas antes por las autoridades francesas que por las patrias; c) deberían haberse protegido por ley desde los albores de la democracia, como un patrimonio nacional, intangible, propio, de raíces profundas en nuestra cultura, en nuestra historia y en la forma de identificarnos como pueblo.
La dación en pago de los inmuebles hipotecados, porque entiendo que entregar la vivienda como condonación del pago de una deuda con carácter retroactivo, paralizando desahucios de primera vivienda de forma generalizada, y planteando como alternativa un alquiler social de hasta un máximo del 30% de los ingresos del arrendatario, entra de lleno en materia reservada al Parlamento e intangible para las ILP, ya que afecta en su conjunto a la planificación económica general del Estado, y tiene, sin ánimo de ser exhaustivo, los siguientes inconvenientes: a) su planteamiento retroactivo crea inseguridad jurídica y restringe derechos adquiridos; b) supone un ataque directo a la principal vía de financiación de los Bancos (más de medio billón de euros) en fondos extranjeros vía cédulas y bonos hipotecarios; c) puede suponer la reclamación al Estado por dichos inversores, de los daños y perjuicios que se les irrogarían por la degradación de sus fondos; d) si el Estado es obligado a restituir el daño, la deuda pública aumentará, la ratio de los bancos caerá y la prima de riesgo se disparará al alza; d) favorece especialmente a los que apostaron por la inversión en ladrillo (promotores, inversores inmobiliarios, etc.) ya que de este modo podrían entregar los inmuebles a las entidades acreedoras por un importe inferior a la deuda, al haber perdido un considerable valor; e) crearía una mayor insolvencia al sector financiero al incrementarse el número de viviendas en el mercado, con lo que se ralentizaría inevitablemente las posibilidades de que el crédito fluyera, y conseguiría un encarecimiento de las condiciones de las nuevas hipotecas, sobre todo en los tipos de interés y en el acortamiento del tiempo de duración del préstamo (más interés, menos tiempo de amortización, igual a cuotas mensuales más onerosas).
Es una iniciativa, sin duda, noble y solidaria, pero enormemente perjudicial para la economía del país y sobre todo para los ciudadanos más necesitados, precisamente a los que se quiere proteger con la ILP, lo cual no deja de ser un enorme contrasentido, fruto de esta inhumana economía de mercado que todo lo engloba y fagocita.
