El portavoz adjunto del PP insiste en que la alcalde y el ex concejal deben una explicación a Castellón, al estar investigado en una presunta trama que habría expoliado al menos un millón
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El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Juan José Pérez Macián, afirma que “PSPV, Compromís y Podemos ya pueden estrenar el mapa de la corrupción con Antonio Lorenzo y Ali Brancal”. Así se ha referido el edil del PP después de que en el pleno del pasado jueves se aprobara una moción de Castelló en Moviment, edulcorada por PSPV y Compromís, instando al equipo de gobierno a que elaborara dicho mapa.
“Una vez más, el ‘Pacte del Frau’ dispara, pero el tiro le sale por la culata”, ha declarado Pérez Macián. “Hicieron caso omiso de las advertencias que les hicimos en su día, durante el proceso de revisión del Código de Buen Gobierno, y apostaron por una modificación dura, convencidos de que nunca tendrían que tomar de su medicina. Solo así se explica que hayan tardado siete meses en cesar a la vicealcaldesa de Compromís Ali Brancal de sus más de veinte cargos. Esta misma semana, les ha vuelto a ocurrir por segunda vez”, ha señalado.
“El pasado jueves, dieron un nuevo paso en su estrategia de seguir calentando la vida política del Ayuntamiento de Castellón, y sacaron adelante la elaboración de un mapa de la corrupción. Ya tienen el primer nombre para estrenar la lista. Precisamente, una propuesta que salió adelante, con el sillón del concejal Antonio Lorenzo vacío, que ya sabía que debía marcharse. Tienen la oportunidad de oro para demostrar, una vez más, que las decisiones que toman las hacen pensando en el conjunto de la ciudad, y no en clave política, para atacar a la oposición”, ha señalado.
“Está claro que el bipartito que preside Amparo Marco ni sabe gestionar, ni atiende las necesidades de los castellonenses, ni desde luego puede dar lecciones de transparencia. Quince días ha tardado en informar a los castellonenses de que estaba siendo objeto de una investigación policial en un caso de facturas irregulares por su gestión al frente de la Subdelegación del Gobierno durante la etapa de Zapatero”, ha remarcado el portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular.
Juan José Pérez Macián insiste en que “Amparo Marco y Antonio Lorenzo deben una explicación a los castellonenses. Estamos ante una presunta trama de facturas irregulares que podría haber expoliado al menos un millón de euros de las arcas públicas, con veinte empresarios implicados y dos funcionarios de la Subdelegación. Creo que son datos más que suficientes para que expliquen qué hay detrás de esta investigación y cuál ha sido su papel en todo esto”.
“El Partido Popular va a respetar la presunción de inocencia del señor Lorenzo, esa que a la inversa ellos mismos nunca han concedido. Pero desde luego, lo de gestión y trabajo ejemplar al frente de las instituciones, será el juez el que determine”, ha reiterado Pérez Macián.
En esta línea, Pérez Macián insta a Antonio Lorenzo a que explique por qué los gastos de dietas y desplazamientos de la etapa de los socialistas Antonio Lorenzo y Juan María Calles ascendieron a más de 400.000 euros en dietas y desplazamientos durante sus funciones al frente de la Subdelegación, como representantes del Gobierno de Zapatero en Castellón. Una cifra que contrasta con la de su sucesor, el popular David Barelles, quien en seis años de ejercicio gastó 22.000 euros. Lo mismo ocurre con gastos protocolarios: Lorenzo y Calles gastaron 128.000 euros mientras que él, 16.000.
Ahora, el Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón investiga una presunta trama de facturas falsas por valor de un millón de euros en la Subdelegación de Castellón, durante los años 2007 y 2017, un caso que precisamente se destapó a instancias de una denuncia presentada por el Partido Popular.
Hay que recordar que durante esta legislatura han renunciado a su responsabilidad al frente de la ciudad los concejales socialistas Carmen Oliver y Sara Usó, a los que ahora ha seguido Antonio Lorenzo. Además, en el mes de diciembre también se vio en la obligación de dimitir de todos sus cargos, en cumplimiento del Código de Buen Gobierno, la que era vicealcaldesa de Compromís, Ali Brancal, imputada por un presunto caso de corrupción por hacer uso del dinero del Ayuntamiento para enviar las papeletas electorales de las últimas elecciones europeas. Es decir, cuatro de los nueve tenientes alcaldes de Amparo Marco se han visto forzados a dejar su cargo por los líos internos o investigaciones judiciales.
