La Unió de Llauradors denuncia una reducción del 75% en los asentamientos apícolas en montes públicos y que, según la organización agraria, la Generalitat sigue con la idea de subastarlos.
La Unió de Llauradors i Ramaders considera que las últimas actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat y por el gobierno central, en referencia a los montes de titularidad pública, pueden provocar intentos de especulación y graves consecuencias económicas, sociales y medioambientales en la Comunitat Valenciana.
Según el sector agrícola, la Generalitat sigue alquilando por un periodo de 20 años una parte de sus montes públicos mediante subasta y considera que el aumento de las enajenaciones de montes públicos puede comenzar a proliferar cada vez más, por lo que habrá muchas dificultades para efectuar aprovechamientos apícolas en montañas de utilidad pública o para pasturar el ganado extensivo.
Por ello, La Unió ha querido denunciar el descenso en la relación de montes susceptibles de aprovechamientos apícolas en la Comunitat. En 2012 se adjudicaron un total de 22 terrenos para este fin en la provincia de Castellón; mientras que para este año sólo se han adjudicado 5.
Según los agricultores, tras su queja a la Dirección General de Medio Natural, la conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha indicado que “el descenso viene motivado por la falta de montes, propiedad de la Generalitat, disponibles y susceptibles de aprovechamientos apícolas en la Comunitat Valenciana”, respuesta que La Unió considera contradictoria al hecho de alquilar los montes públicos valencianos.
