Miguel Bataller. Ciudadano del Mundo y Jubilado.
Después de muchos años explicando a diestro y siniestro la intolerable actitud de los Sindicatos en España, por fin parece ser que por primera vez desde la llegada de la democracia, un Gobierno se ha atrevido a legislar con sentido común los deberes y obligaciones fiscales de los Sindicatos y sus líderes profesionales.
Por fin la increíble opacidad fiscal de la que disfrutan fruto de una legislación de la época franquista, con absurdos beneficios para el Sindicalismo Vertical, va a ser abordada de una forma definitiva.
Esos señores que tanto han despotricado sobre el franquismo, no han tenido la coherencia de renunciar a los beneficios heredados de él, y hasta ahora han tenido unos beneficios fiscales (la opacidad antes el Tribunal de Cuentas, y el blindaje ante toda posibilidad de verse fiscalmente legalizados) que ni la Casa Real, ni la Iglesia, ni los Padres de la Patria disponían de esa impunidad, que nadie ha tratado de controlar.
Ha tenido que llegar una trama delictiva como la de los ERES andaluces, para que el clamor popular, y la evidencia de que los sindicalistas no están en la organización para servir a sus afiliados, sino para servirse de ellos, para que al parecer los gobernantes se pongan manos a la obra.
Queda un largo tramo por recorrer.
Me pregunto cómo es posible que entre 2008 y 2012 estas organizaciones sindicales hayan recibido directamente del Estado fondos públicos por un importe aproximado de 1.250 millones de euros (para la gente mayor les diré que son algo así como 208.000,-- millones de pesetas) sin tener que rendir cuentas a nadie.
Y paralelamente a eso seguramente tenían también los ingresos por las cuotas de sus afiliados, y los ingresos en comisiones por las gestiones de los ERES, en los que representaban tanto a sus afiliados, como a los que no lo eran y se lo solicitaban.
Es decir hasta que no se ha imputado y encarcelado a alguno de ellos, el Gobierno no ha movido ficha.
Pero esto es una historia repetida.
En 1988 la UGT patrocinó la Cooperativa de la Promoción Social de la Vivienda, al frente de la cual como gestor puso a Carlos Soto, un excomunista converso al socialismo, supongo que por motivaciones económicas.
El objetivo era construir unas 20.000 viviendas, entre un 30% y un 40 % mas baratas que sus equivalentes en el mercado.
Se integró PSV en Iniciativas De Gestión y Servicios, que englobaba a otras cooperativas y en 1993 sólo se habían construido 1.500 viviendas y otras tantas seguían en proyecto.
Se había generado ya un agujero oficialmente de 14.000 millones de pesetas, aunque fuentes no oficiales lo elevaron a 80.000 millones.
En Septiembre Soto dimitió y en Diciembre el Consejo de Ministro le inhabilitó, junto a varios de sus colaboradores, costándole el cargo también a Nicolás Redondo.
Para no alargarme, diré que ese desfalco descomunal, acabo asumiéndolo en Estado por decisión de otro Consejo de Ministros, que se quedó con el control de la Cooperativa.
Los 13.000 millones de pesetas de indemnizaciones que fijó la sentencia judicial que debían de ser pagados por Sotos, nunca se pagaron, ya que era insolvente, pero dejó el pago en manos de UGT que tendría que abonar 9.9940 millones a los cooperativistas y 3.069 millones a IGS.
UGT recurrió ante el Supremo que ya en 2003 le eximió del pago al considerar que el hecho de que los perjudicados renunciasen a ese derecho en relación con la Cooperativa, tras haber recuperado el 75 % de lo aportado, era extensible a UGT.
Caso de no haber renunciado UGT habría tenido que vender presumiblemente su patrimonio, y embargarse las cuotas a sus afiliados, con lo que presumiblemente ni siquiera estaría ahora como está.
Aquella lección de “sindicalismo a la española”, parece ser que no fue motivo suficiente para descalificar al sindicato socialista, y por eso imaginando que ya nadie recordaría aquel episodio, se han atrevido con los ERES.
Espero que lo que hoy es un proyecto de Ley, muy pronto sea una Ley Vigente, y todos estos parásitos, puedan ser perseguidos y extirpados del mundo laboral español, que sin duda necesita unos Sindicatos que los representen.
Pero sin la menor duda, unos Sindicatos profesionales, que se alimenten de las cuotas de sus afiliados, y no del dinero de los impuestos de todos los españoles, para malversarlos, o robarlos desde la mayor impunidad, como lo han venido haciendo hasta hoy.
No digo que todos los sindicalistas sean ladrones, pero si denunció los hechos como se han sucedido en 25 años, y ni los 13.000 millones de 1993 ni los 208.000 millones de pesetas entre 2008 y 2013, tenemos por que pagarlos entre todos los españoles, como una cuota sindical obligatoria, para subvencionarles.
Si administraran ellos los recursos generados por las cuotas de sus afiliados, no tengo la menor duda de que serian mucho mas austeros, y defenderían mucho mejor los intereses de sus compañeros, ya que de hacerlo como lo hacen ahora, en cuatro días se quedarían sin afiliados.
Solos Toxo, Méndez y los liberados sindicales.
