La concejala del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón afea al conseller de Educación que el TSJCV le haya tenido que corregir con medidas cautelares en 34 municipios de la Comunitat, entre ellos Castelló de la Plana, y elevar la ratio por aula en primero de Infantil a 25 alumnos el próximo curso, en lugar de los 23 que imponía.
Subraya que muchas de las familias que se benefician ahora de la medida dictada por la Justicia ya han matriculado a sus hijos en otros centros, sin ser su opción, cuando ahora conocen que tenían derecho a inscribirlos en otro colegio.
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La concejala del Grupo Municipal Popular María España reclama a la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà "libertad" para que los padres puedan elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos. "Lo contrario solo lleva a decisiones judiciales de los tribunales, que salen una y otra vez a enmendarle la plana al conseller, con el perjuicio que conlleva para las familias y los centros".
España se refiere así a la última resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que ha estimado la medida cautelar planteada por las Escuelas Católicas, tras estimar el recurso presentado por estas contra la resolución de la Generalitat Valenciana por la que centros públicos y concertados de 34 municipios, entre ellos Castelló de La Plana, fijaran la ratio por aula en primero de Infantil (3 años) para el curso que viene en 23 alumnos, en lugar de los 25 que recoge la ley como máximo.
"Esto es lo que ocurre cuando se politiza la ratio de las aulas una y otra vez para perjudicar a unos colegios, los concertados, respecto a otros, los públicos. El conseller Vicent Marzà está en el grupo de los malos estudiantes, y constantemente le suspenden los exámenes y ha de ir a septiembre, a recuperación, por no trabajar previamente en la búsqueda de consensos y el respeto a los derechos y libertades de todas las partes", añade.
La edil popular lamenta que, "al final, son los padres de los alumnos y los centros educativos los que pagan los platos rotos con las chapuzas de la Conselleria. Vemos estos días cómo los padres que ya se han buscado alternativas para matricular a sus hijos en los colegios que deseaban para educar a sus hijos, están recibiendo llamadas de los centros que habían puesto en sus listados de prioridades, cuando en muchos casos ya se habían comprado incluso uniformes o libros de texto". "Y del otro lado, vemos cómo los centros educativos tienen que correr para deshacer el entuerto, rehacer la matrícula, avisar a los peticionarios... y todo por hacer las cosas mal desde el origen y tomar decisiones sin ajustarse a derecho. Y más cuando no es la primera vez que los tribunales dan la razón a los centros concertados, tanto en este asunto como en otros", incide.
"Desde el Partido Popular estamos a favor de una educación pública de calidad, y también a que haya centros concertados y privados. El objetivo es que los padres puedan elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos, porque esta decisión compete a ellos y solo a ellos. La decisión sobre dónde o el modelo educativo no la puede ni debe tomar nunca la Conselleria de Educación", declara.
Por este motivo, la concejala popular del Ayuntamiento de Castelló "reclama al conseller Marzà que, en lugar de preocuparse de atacar a una parte de los centros educativos de la ciudad de Castellón, se centre en poner todos los medios necesarios para que los alumnos puedan recibir la educación de la máxima calidad, y eso solo se consigue destinando más recursos económicos, dedicando más medios a los centros para que los alumnos puedan recibir una atención más personalizada o construyendo los centros que tiene pendiente en la ciudad de Castellón, como el Vicent Marçà, Herrero o Elcano. Irónicamente, se trata de centros públicos, el modelo de educación por el que en teoría está apostando en exclusiva el conseller, pero que sin embargo llevan cuatro años de retrasos, los mismos que él de titular de la Conselleria de Educación".
En total, ha añadido, suman ya más de 40 sentencias contrarias a las decisiones adoptadas por el Consell que están condicionando el futuro de los alumnos de toda la Comunitat Valenciana.
