Doménec Nàcher. Secretario técnico de Asaja Castellón.
Durante las últimas semanas se han sucedido dos reuniones importantes al objeto de revertir la preocupante situación de robos que se producen en nuestros campos y explotaciones ganaderas. La muerte de un pobre empleado del sector agrario búlgaro ha disparado todas las alarmas, ya de por sí afónicas de tanto advertir que esto iba a ocurrir tarde o temprano y lo peor de todo, con alto riesgo que se vuelva a repetir.
Además, grupos de agricultores han participado en reuniones y patrullas alentadas por la desesperación que les ciega en revertir una situación que sin un endurecimiento del código penal tiene pocas vías de solución. Las reuniones asamblearias basadas en el subconsciente colectivo de estar hasta los mismísimos, están bien, pero la labor de las reuniones con el Ministerio de Justicia de la pasada semana y la reunión mantenida en la Delegación de Valencia con el Secretario de Estado fruto de la silenciosa colaboración que mantenemos las Organizaciones Profesionales Agrarias con las instituciones políticas al tiempo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, están mucho mejor.
La presión que están ejerciendo por parte de los representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias provinciales (La Unió y FEPAC-ASAJA) a las instituciones tanto provinciales, autonómicas como nacionales, no se me ocurre otro calificativo: como acoso constante. Pese a la aparente pasividad de denunciada por algunos con respecto al silencioso trabajo de los representantes del sector agrario, la realidad es harto diferente y buena muestra de ello son las dos reuniones referidas más arriba. Ni decir tiene que la estrecha colaboración que tanto organizaciones como fuerzas de seguridad mantienen de manera diaria.
Lo que también me llama la atención son aquellos concejales de agricultura que no se niegan a ser fotografiados en medio de las patrullas de agricultores eludiendo sus funciones políticas. Un concejal no debería estar para alentar a los propietarios a realizar funciones que suponen un riesgo físico para sus vecinos, sino para reclamar que las fuerzas municipales actúen en su lugar o en su caso, exigir a la policía nacional o guardia civil a que patrullen con mayor asiduidad por sus términos municipales, al tiempo que exigir una mayor implicación a los políticos en modificar las condiciones del código penal para que éste resulte verdaderamente disuasorio y no una agradable invitación a cometer los robos.
