Antonia García Valls. Portavoz del PSPV en el ayuntamiento de la Vall d'Uixó.
Las mujeres deberíamos alzar la voz ante un gobierno que, desde que alcanzó el poder, todas las medidas que toma son en detrimento de los derechos de las mujeres. Medidas que suponen un ataque a su capacidad de decidir y de su derecho a la salud y a la protección. Los recortes en Violencia de Género, los recortes en sanidad; y ahora anuncia cambios en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En una clara ofensiva de dañar los derechos de las mujeres.
Cambios que parecen dictados por quien no gobierna. En un ataque injustificado a la aconfesionalidad del Estado. A ver si se enteran de una vez, los que pretenden, como siempre, dictar las normas desde donde no les ha elegido nadie: los derechos no obligan a nadie a hacer aquello que contraviene su moral. Pero no hay que confundir la moral con la ley. Y menos en un estado democrático de derecho.
Este anuncio del PP no puede explicarse con la crisis. La crisis le ha servido para recortar derechos de l@s trabajador@s, suprimir derechos educativos, suprimir derechos a los pensionistas, etc., etc. Pero el ataque al derecho a decidir de las mujeres es, claramente, una decisión ideológica de la derecha más reaccionaria que gobierna en Europa: el PP. Es ideología pura y dura.
La derecha vuelve a considerar a las mujeres como incapaces o menores de edad, ya que la reforma de Rajoy pretende que las mujeres no decidan, que sean los médicos. Esto supone un retroceso de casi 30 años y volver a tener la legislación más restrictiva de Europa.
Y esto no responde a ningún clamor popular, las encuestas así lo demuestran: un 81% se mostró en contra del anuncio de reforma hace un año; más bien parece que Gallardón responda al reproche que la Conferencia Episcopal hizo al Gobierno la semana pasada. Por cierto, una Conferencia Episcopal que no reclama a Rajoy que cumpla sus compromisos electorales en lo referente a reducir el paro y a no tocar la sanidad y la educación.
Desde el PSOE defendemos la actual ley de plazos, vigente desde el año 2010, y todos los derechos que en ella se reconocían a las mujeres. Y es que el anuncio de Gallardón sobre la modificación de la Ley, pondría en riesgo la vida de muchas mujeres, al obligarlas a volver a la clandestinidad.
