Antonia García Valls. Portavoz del PSPV en el ayuntamiento de la Vall d'Uixó.
Parece que he convertido al Ministro Gallardón en el protagonista principal de mis últimos artículos. Pero es que no cesa en sus ataques a los derechos de la ciudadanía; estamos ante un nuevo ataque al modelo de justicia pública, gratuita y de calidad. Ahora pretende la privatización del Registro Civil.
Gallardón avanza en su modelo de justicia, que se basa en obstaculizar el acceso a la justicia a aquellos que menos recursos tienen. Primero fue el Tasazo (implantación de las tasas judiciales) y ahora la pretendida privatización del Registro Civil.
Su anteproyecto pretende que la ciudadanía pague dos veces por todos los actos que ahora se tramitan en el Registro Civil: una, a través de sus impuestos y otra, a través de los aranceles que tendrán que pagar a los Registradores.
¿He dicho Registradores? Vaya, el oficio del Sr. Rajoy y de la mitad de sus familiares. Curioso.
Gallardón, con su propuesta, arrebata a las distintas administraciones públicas una serie de Registros administrativos para entregarlos a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles para que los exploten empresarialmente cobrando a la ciudadanía por ello. Además, para garantizar la rentabilidad del servicio, el Ministro Gallardón aumenta los actos y hechos inscribibles; siempre que paguen los mismos y a los mismos. Gallardonada pura y dura.
Y no nos convence con su argumento económico. No existe ahorro con esta privatización (como tampoco con la privatización pepera de la sanidad pública); sólo existe un afán desmesurado por lucrarse con los derechos de ciudadanía. Los funcionarios que actualmente están adscritos a los Registros Civiles, tendrán que ser reubicados en los Juzgados, después de que el Estado haya invertido en su formación y especialización.
Y si hasta ahora el tema no ha salido a la luz, no es por falta de voluntad política del PP de Rajoy y de Gallardón (el “progre” decían….), sino porque, al parecer no hay acuerdo sobre las cuantías a cobrar por parte de los Registradores, cuyo afán de lucro, en las negociaciones, parece ser desmesurado.
Lo que está claro es que esto, que beneficia a unos pocos, va en contra de los derechos de la mayoría. Como casi todas las decisiones que está tomando este gobierno de la derecha.
