La concejala de Vivienda afirma que hay algunas casas ocupadas de manera irregular desde hace más de 20 años
Castellón Información
La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló ha informado que 58 de las 221 de las viviendas sociales municipales se encuentran en situación irregular y que el 70 % de estas 58 están de esta forma desde desde hace más de 10 años, estando ocho así desde hace más de dos décadas. La falta de regularización se arrastra desde hace años y la mayoría de los casos se debe a cuestiones administrativas.
“De los 58 casos, algunos se tratan de contratos de arrendamiento en los que no se ha efectuado la subrogación, otras son ocupaciones irregulares en las que no consta título o los actuales ocupantes no coinciden con el titular de la autorización”, afirma la concejala de Vivienda, María Jesús Garrido, que destaca que estos datos han sido extraídos gracias al trabajo elaborado por el programa de Jornals de Vila en el anterior mandato. “Esta actuación es la que que permitido hacer todo el trabajo de inspección de las viviendas y conocer su estado”, asevera.
Según la concejalía, la ocupación irregular no quiere decir que todas las viviendas hayan sido objeto de usurpación, sino que la mayoría están en una situación de irregularidad administrativa, “teniendo buena parte de la responsabilidad los gobiernos anteriores, especialmente los del PP”.
Así, de las 58 irregulares, 40 están de esta manera desde hace más de 10 años, y en el caso de 8 de ellas (una de cada cinco) hace más de 20 años.
De esas 40 ocupadas irregularmente, hay 16 pendientes de subrogar desde hace más de 10 años, “ya que son residentes familiares o parientes de los titulares de los arrendamientos”, añaden fuentes de la concejalía, que resaltan que el 45% de las viviendas ocupadas irregularmente lo están por familiares y parientes de los titulares originales.
La concejala afirma que “que ha habido avances en las regularizaciones y en la elaboración del censo para conocer la situación”, pero estima que “que hace 10 años ninguna concejalía del PP tenia conocimiento de este desastre caos administrativo en el funcionamiento de la vivienda social municipal”.
Nueva regularización
Garrido subraya que la Oficina de Vivienda trabaja ahora en regularizar y en “poner orden” en las viviendas a fin de garantizar “los derechos de los residentes”, lo que conllevará un “estudio e intervención previa de la la situación de la unidad familiar por parte de los servicios sociales al tratarse de familias en situación de exclusión o vulnerabilidad social.
Asimismo en breve se licitará un concurso de compra de vivienda que se destinaría a alquiler social dotado con un presupuesto de 1,8 millones de euros. Así, también se pedirá a las entidades financieras que movilicen pisos vacíos para arrendamientos sociales.
