Esta diferencia viene determinada por una mayor captación de fondos para financiar proyectos de investigación
Castellón Información
Un total de 112.280.000 euros es el presupuesto con el que contará la Universitat Jaume I (UJI) para el próximo ejercicio económico de 2020. Esta es la cantidad que ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno de la UJI y que ha presentado en el órgano universitario el vicerrector de Planificación, Coordinación y Comunicación, Modesto Fabra.
El presupuesto aprobado se ha diseñado, según ha explicado Fabra, siguiendo un criterio que combina supervivencia y realismo que se considera como un año de transición hasta que se disponga de un Plan Plurianual de Financiación que determine la cantidad que le corresponde a cada universidad según unos criterios transparentes, consensuados y que guardan proporcionalidad con el servicio público prestado por cada institución universitaria.
La partida que prevé recibir la UJI para compensar una parte de los costes generados por normativas estatales y autonómicas, junto con la anualidad del convenio de deuda histórica correspondiente a 2020, que se destina íntegramente a gasto corriente y la cantidad presupuestada como ingresos previstos para compromisos de la Generalitat Valenciana, han sido esenciales para la elaboración del presupuesto de la Universidad para 2020.
Esta dependencia del pago de la deuda antiguo, que es un ingreso extraordinario para la UJI, para financiar el gasto ordinario, supone una amenaza a la estabilidad financiera de la Universidad a corto y medio plazo en la que deberá dar solución un nuevo plan de financiación.
El presupuesto de la Universidad Jaume I incorporando tanto los ingresos y gastos genéricos o no afectados como otros ingresos y gastos afectados o finalistas será de 112.280.000 euros, lo que representa un incremento de un poco más de 8 millones de euros respecto al presupuesto del año pasado.
Esta diferencia viene determinada tal como ha señalado Fabra, por un mayor éxito en la captación de fondos competitivos para financiar proyectos de investigación, de las necesidades de gasto corriente y de inversión asociados a la implantación de los estudios del área de Ciencias de la Salud y del efecto de diferentes disposiciones y normativas estatales y autonómicas en el comportamiento de los gastos de personal.
