El pleno municipal aprobará una moción presentada por el Grupo Municipal Popular "para agradecer al Gobierno de España que haya impulsado la Ley de protección y uso sostenible del litoral y haya apoyado modificar la Ley de 1988".
El pleno municipal de la Vall d’Uixó aprobará una moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular para agradecer "al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios de las Cortes Españolas por impulsar y apoyar, respectivamente, la Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas". De este modo, la portavoz del equipo de gobierno de esta localidad, Elena Vicente-Ruiz, ha asegurado que la nueva ley de costas "va a permitir que muchos valleros mantengan sus viviendas en los municipios costeros, ciudadanos que se veían afectados por la ley socialista de 1988". La portavoz municipal ha asegurado que la nueva ley afecta a 2.000 viviendas de la costa de la Comunitat Valenciana y más de 1.000 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos. Por ello, “desde el equipo de gobierno consideramos que esta nueva ley es un avance importante porque hemos conseguido que no se continúe destruyendo empleo, que ya es importante en los tiempos que corren, y que se acabe la preocupación y el drama de las familias que ven que sus viviendas se mantienen en pie”. Elena Vicente-Ruiz ha destacado que esta misma ley fue votada en contra "por el PSOE en las Cortes Generales mientras el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, se ausentaba de la cámara".
Por otra parte, el pleno municipal aprobará la cesión de unos terrenos a la conselleria de Educación para la construcción de un centro de iniciativa social, “terrenos que ni vendemos ni regalamos, sino que serán de titularidad municipal”. Se trata, según la portavoz, “de un derecho fundamental de los padres y madres a elegir en qué centro quieren que estudien sus hijos y con la construcción de un centro concertado en la Vall d’Uixó vamos a garantizar este derecho constitucional”. Además, Vicente-Ruiz ha asegurado que la Generalitat Valenciana "ha detectado una necesidad, pide la parcela y el ayuntamiento no tiene más remedio que cederla”.
