Se celebrará un procedimiento ordinario en relación a la factura de 290.423 euros correspondiente a un certificado final de obra de la nueva prefectura de la Policía Local y un segundo procedimiento referido a “otro paquete de facturas irregulares por valor de 275.915 euros”.
El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Castellón ha señalado ya la fecha para el primero de los tres procedimientos en los que se han acumulado finalmente los procesos judiciales referentes a los expedientes de facturas irregulares procedentes del anterior mandato del Partido Popular. Así , el alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha dado a conocer hoy las últimas novedades de estos procesos mediante los cuales la administradora concursal de la empresa Piaf y el exalcalde de la ciudad del PP Juan José Rubert recurren la decisión del equipo de gobierno de anular el pago de 600.000 y 13.000 euros, tras acreditar los técnicos su irregularidad.
“Había cinco procedimientos distintos porque el exalcalde había presentado dos recursos referentes al expediente de 600.000 euros y la administración concursal otros tres, dos relacionados con el mismo expediente y el tercero, referente a la factura por la instalación de una plataforma en una finca privada con un valor de 13.000 euros”, detalla el alcalde, quien valora que finalmente los cinco procesos se hayan acumulado en tres, evitando así un mayor coste para el consistorio. “Lo que pretenden el administrador judicial y el exalcalde con estos recursos es que el ayuntamiento pague estas facturas que la investigación de los técnicos ha demostrado que no deben pagarse y que el propio fiscal reconoce que no son exigibles”, incide Benlloch, quien ha querido trasladar a la ciudadanía los últimos avances en estos procesos. El principal de estos avances es que el juzgado ha fijado para el 27 de febrero de 2014 el procedimiento abreviado referente a la factura de la plataforma. En este proceso, motivado por el recurso de la administradora concursal de Piaf, han sido citados a declarar el exconcejal de Servicios Públicos popular Ramón Tomás, el técnico del área en el momento de la instalación de la plataforma y la propietaria de la comunidad de vecinos donde se colocó este elevador.
En el caso de los otros cuatro recursos presentados contra la anulación del pago de los 600.000 euros en facturas irregulares, tanto por parte de la administración concursal como por el exalcalde popular, finalmente se han acumulado en dos. En concreto, se celebrará un procedimiento ordinario en relación a la factura de 290.423 euros correspondiente a un certificado final de obra de la nueva prefectura de la Policía Local por la que finalmente sólo se han pagado 22.000 euros y un segundo procedimiento referido a “otro paquete de facturas irregulares por valor de 275.915 euros”.
