En la sentencia, los magistrados acuerdan remitir el caso a la Fiscalía del tribunal autonómico al ver “indicios de un ilícito penal” por posible malversación y/o prevaricación “en la gestión por la Diputación de fondos públicos”.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha fallado a favor del ayuntamiento de Vila-real en el contencioso por las entradas de toros de la Beneficencia y reconoce la obligación de la Diputación de abonar al consistorio los 19.850 euros cobrados por unas entradas de toros de los años 2010 y 2011 que nunca llegaron a adquirirse. La sentencia, además, observa “indicios” de un “ilícito penal” en la actuación de la corporación provincial “fuera por malversación de caudales público y/o por prevaricación”, acuerda su remisión a la Fiscalía del TSJCV. El concejal Francisco Valverde, también diputado en la corporación provincial, ha comparecido esta mañana para dar cuenta de la sentencia, contra la que no cabe recurso, que revoca el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Castellón y estima el recurso de apelación presentado por el consistorio. De esta manera, señala el edil, la Diputación Provincial deberá pagar al ayuntamiento los 19.850 euros compensados “de manera unilateral” de la recaudación de multas de Vila-real, así como los intereses legales y asumir las costas del proceso judicial. Además, el tribunal acuerda “deducir testimonio de esta sentencia para su remisión a la Fiscalía a fin de que se depuren las responsabilidades penales a que hubiere lugar”.
La sentencia considera que la corporación provincial “compensó unas facturas sin causa para ello” y que resolvió esta compensación “de forma unilateral y ejecutiva, practicando la notificación sin haber notificado al ayuntamiento el procedimiento compensatorio”. Además, los magistrados consideran que causa "verdadera perplejidad (…) que se argumente por la recurrida que su título de crédito se debía a solicitudes de entradas para festejos taurinos de los años 2010 y 2011 de forma oral, sin contrato o convenio alguno escrito”, (…) argumentando una especie de justificación al explicar que “ha sido práctica habitual”. Así, la sala tilda de “temeraria” la defensa de la Diputación de “sus prácticas habituales, más si afectan a dinero público por la no despreciable cantidad de 19.850 euros y solo en lo que respecta al ayuntamiento de Vila-real”. El fallo percibe también “indicios de que la actuación sometida a revisión jurisdiccional pudiera constituir un ilícito penal, fuera por malversación de caudales públicos y/o por prevaricación, en la gestión por la Diputación Provincial de Castellón de fondos públicos (…)”. Según declaraciones del concejal, “el portavoz municipal del PP, Héctor Folgado, también diputado provincial de Cultura, sólo tiene ahora dos opciones: o dimite de concejal o dimite de diputado”.
La Diputación no recurrirá la sentencia del TSJ
Por su parte, la Diputación de Castellón no recurrirá la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia para que devuelva el dinero cobrado al ayuntamiento de Vila-real por las entradas de la Corrida de la Beneficencia de 2011, a pesar de tener una primera sentencia favorable y disponer de la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo. Así, el presidente de la Diputación, Javier Moliner, ha anunciado que la institución provincial no lo hará “porque no queremos tener ningún conflicto con ningún ayuntamiento”. Por último, fuentes de la Diputación de Castellón, afirman que este sistema de venta de entradas "hace referencia a la última corrida de la Beneficencia de la pasada legislatura, por lo que se trata de una situación heredada. Además, el cobro de las entradas se hizo siguiendo, como siempre se hace, el criterio marcado por los técnicos de la Diputación de Castellón. El propio Moliner ya no aplicó este modelo tras asumir la presidencia de la Diputación de Castellón. Así, tras aplazar la Corrida de la Beneficencia en 2012, en 2013 se ha modificado la organización de este espectáculo".
