Tanto PP como CS entienden que la operación parece ‘una tapadera’ para adjudicar el contrato final
La Comisión de Investigación de Seguridad ha acordado solicitar a Registro Mercantil los datos de la empresa que contrató el Ayuntamiento para que redactara las condiciones y valorara la adjudicación de un contrato de un millón de euros en Castelló. Alt168 no tenía actividad, ni personal y presenta dos direcciones diferentes. PP y CS entienden que parece ‘una tapadera’ articulada para que Eurocop se llevara toda la contratación.
Esperanza Molina/ Castellón Información
La Comisión de Investigación de la Sala de Seguridad de Castelló, ha puesto al descubierto numerosas sospechas sobre el procedimiento utilizado por el Ayuntamiento para adjudicar un contrato valorado en un millón de euros.
El procedimiento administrativo habitual establecería los siguientes pasos a seguir: Justificación de la necesidad de acometer el proyecto y valoración inicial del mismo. Elaboración del pliego de condiciones para sacar adelante el concurso público y valoración de las propuestas de las empresas que se presenten para ejecutarlo. Y finalmente, adjudicación del proyecto en base a las valoraciones realizadas.
Sin embargo, según se ha expuesto en la Comisión de Investigación, el procedimiento desarrollado con el contrato de un millón de euros de la Sala de Seguridad no cumplió rigurosamente estos pasos o falta mucha información.
Justificación de la necesidad: el estado de la Sala de seguridad en 2015
Para empezar, y aunque parece haber constancia de que la Sala de Seguridad no se encontraba en buen estado y necesitaba una reforma urgente, el documento aportado por el Grupo Socialista se basaría en una serie de informes internos, generadas desde el departamento de Seguridad, emitidos el 5 de agosto de 2015.
Estos informes internos dan cuenta de que durante el último año se está implantando la centralita del 112 de la GVA que esperan que entre en servicio a final de año, y que sustituirá el programa informático Séneca.
Pero también señalan, que los cables están por tierra y han originado tropiezos y algunas caídas, faltan líneas telefónicas y eléctricas y el sistema de trabajo es precario. Por lo que aconsejan la necesidad de desarrollar algunas mejoras como un suelo técnico, que oculte el paso de los cables, la mejora del sistema eléctrico y la mejora de los servicios telefónicos.
La Comisión, no obstante, ha recogido la petición de que se contrasten ambos informes con los archivos de policía, para certificar su veracidad.
No hay informe técnico previo de necesidades
Estas serían las únicas anotaciones oficiales de que dispone la Comisión, que justifiquen el ambicioso proyecto que después se llevaría a cabo, valorado en un millón de euros.
Pliego de Condiciones para el concurso público
Y es que, no hay constancia de un informe técnico o previo oficial, como tampoco lo hay de la decisión de que se optara por contratar a una empresa externa para que fuera esta la que elaborara el pliego de condiciones para este concurso, que suponía también la valoración de las ofertas presentadas.
Por todo informe técnico, solicitado por la oposición en 2016, y posteriormente por esta Comisión de Investigación, el Negociado de Seguridad remite una nota interna en la que uno de los intendentes explica, que no pueden desarrollarlo por el volumen de trabajo y la imparcialidad del resultado.
En su momento, la oposición solicitó el informe relativo a esta externalización, que no se ha recibido hasta ahora, cuando ha sido requerido por la Comisión, y con fecha de 27 de enero de 2020.
El documento, del negociado de Seguridad indica: “tras una reunión con los departamentos técnicos de este Ayuntamiento, competentes para la redacción de dicho pliego. En dicha reunión, tras valorar la complejidad de la redacción de los mismos y la dedicación de tiempo requerido, se entendió justificado la contratación de este servicio”. ¿Qué departamentos y qué personas formaron parte de esa reunión?
Así las cosas, como se trataba de un contrato menor, el Ayuntamiento solicitó tres presupuestos a tres empresas. Una con base en Vila-Real, otra en la Ciudad del Transporte de Castellón, que se encontraba en situación deficitaria y finalmente entró en proceso de extinción; y una tercera, Alt 165 SLU, que fue la contratada por la entidad municipal.
Y aquí es donde se lía la cosa.
Factura en Santander y tiene domicilio en El Escorial
Las tres empresas presentan un presupuesto muy similar y es cierto que, con poca diferencia, el más económico de los tres, fue el presentado por Alt165 SL. Ahora bien, según los datos que ha mostrado la Comisión, Alt165, en su propuesta de factura, tenía domicilio en Santander. Pero la empresa como tal está radicada oficialmente en San Lorenzo de Escorial, Madrid.
También, según se ha reseñado en la Comisión, se trata de una empresa unipersonal, que no dispone de trabajadores ni de actividad mercantil. Y para acabar de completar el círculo, Alt165, tiene su sede social a pocos metros de la empresa que finalmente se hizo con el contrato de 3 de los cuatro lotes de este macro concurso de un millón de euros.
A primera vista, y con estos datos, no parece una entidad que pudiera tener la solvencia adecuada para que fuera contratada por la entidad municipal… pero como señala la información remitida a la Comisión, la normativa de 2016 no exigía acreditación de solvencia económica y financiera ni acreditación de la solvencia técnica y profesional.
Pero con estos mimbres, fue Alt165 la que redactó el pliego de condiciones que reguló el concurso público y la que valoró, como experta, las ofertas que se presentaron al concurso.
Concurso para la renovación de la Sala de Seguridad
El pliego de condiciones establecía cuatro lotes para la renovación de la Sala de seguridad:
Lote 1: Suministro, instalación y puesta en servicio de Equipamiento Informático, de Comunicaciones y visualización de las cámaras existentes en el consistorio municipal con nueva sala CeCop, Sala de Crisis y Sala de Coordinación para el Área de Seguridad Pública y emergencias.
Lote 2: Suministro, instalación y puesta en servicio de una matriz de comunicaciones para el Centro de Coordinación Operativa (CeCop) Área de Seguridad Pública y Emergencias.
Lote 3: Suministro, instalación y puesta en servicio de un nuevo equipamiento de video-wall en la sala CeCopv, sala de crisis y sala de coordinación Área de Seguridad Pública y Emergencias.
Lote 4: Suministro, instalación y puesta en servicio de un nuevo equipamiento de Cámaras de Seguridad CCTV con Análisis de Vídeo en diferentes sedes municipales con conexión a la Sala CeCop del Área de Seguridad Pública y Emergencias.
Adjudicación de tres de los cuatro lotes a Eurocop
La empresa Eurocop, con sede en San Lorenzo del Escorial, de Madrid, fue inicialmente la adjudicataria de los cuatro lotes, pero una de las empresas rechazadas recurrió. Se había desestimado su oferta por entender que planteaba una ‘baja temeraria’, es decir, que su oferta era ‘demasiado barata’. Resuelto el recurso, a favor de esta empresa, Eurocop se quedó con tres de los cuatro lotes.
El coste final de la Sala de Seguridad fue de 800.000 euros.
Pero este no fue el único proyecto que salió a concurso para la Sala de Seguridad, ya que en 2017 el Ayuntamiento licitó una nueva inversión para un programa informático Software, para garantizar el funcionamiento informático de todo lo que había contratado antes. Esta vez el coste rondaba los 600.000 euros y la operación fue paralizada por el Tribunal Administrativo. El contrato se había vuelto a adjudicar a Eurocop, pero con un defecto de forma en el procedimiento.
Con todos estos datos sobre la mesa, la Comisión ha acordado, solicitar información al Registro Mercantil sobre la empresa Alt 165 para verificar si tenía o no la solidez requerida para elaborar el pliego de condiciones y regular el proceso.
Requerir la comparecencia de los técnicos de los departamentos competentes que acordaron externalizar la elaboración del pliego de condiciones para el concurso de la Sala.
A petición del PSOE, también se recabará información sobre la empresas que han obtenido contratos públicos en este departamento desde 2015.
Tanto populares como Ciudadanos entienden que todo este proceso ha podido ser una tapadera para poder adjudicar la Sala de Emergencias a la empresa Eurocop. Por uno y otro lado, se ponen en duda si la petición de los tres presupuestos solicitados para la elección de Alt168 no estaba ya cantado de antemano con el fin de aparentar que se cumplía la legalidad.
Señalan también que es realmente sospechoso el tema del domicilio y la nula capacidad mercantil de Alt165, que a todas luces no parecía ser la más indicada para elaborar ese pliego de condiciones. Sospechan por tanto, que pudo haber amiguismo e interés porque Eurocop se hiciera con toda aquella renovación de la Sala.
Y según el PP se plantean otras dudas: Indican que el coste total pudo ser mayor, porque en ningún momento se habla en el informe de la obra civil que fue necesaria para el montaje de toda la tecnología que salía a concurso. ¿Quién llevó a cabo esas obras?. Plantean también, que el segundo concurso del software, que se paralizó en los tribunales, pudo contemplarse dentro de la primera licitación de un millón de euros. Y llegan a especular que como Eurocop no se llevo los cuatro lotes del primer concurso, se pudo preparar el segundo para que obtuviera una rentabilidad pactada de antemano.
Por parte de los otros grupos, solo el socialista ha intervenido para volver a poner sobre la mesa, que la necesidad de renovar la sala era acuciante y así lo vio el equipo de gobierno tras tomar posesión en el 2015, porque estaba en peligro la seguridad de la ciudad.
José Luis López indicaba también, que “si existe duda sobre las mercantiles, por las adjudicaciones a Eurocop, ellos han solicitado que se investigue durante cuantos años se ha contratado desde el Ayuntamiento con esa empresa, ya que tienen la certeza de que el Ayuntamiento trabajaba con ella desde la década del 2000.
“Nosotros también vamos a trabajar como miembros de la Comisión de investigación para conocer, a través de los técnicos, toda la relación laboral que consta en los archivos del Ayuntamiento desde que se tienen datos”.
En lo que se refiere a Alt165, López indicaba que fueron los técnicos de la casa quienes la recomendaron porque era la empresa que mejor podía elaborar aquellos pliegos. Cuestionar o no lo que pone el funcionario… hoy en día en la contratación pública no hay decisiones políticas, son las mesas de contratación, integradas por los técnicos quienes toman las decisiones. “A nosotros, políticamente nos podrán parecer mejor unas empresas u otras pero siempre se adjudican por criterios técnicos, la objetividad y la transparencia de aquellas empresas que mejor pueden garantizar porque han ganado un concurso público, cualquier servicio".
