La confederación empresarial pide además al Ejecutivo que aplace el pago de tributos y suspenda las cuotas de la Seguridad Social
Castellón Información
Desde la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) se insta a la Secretaría de Estado de Comercio y Apoyo a la Empresa y al Instituto de Crédito Oficial (ICO) a que agilicen todos los trámites y decisiones en aras de dar cumplimiento al objetivo final de las líneas de avales aprobadas por el Ejecutivo, que no es otro que trasladar liquidez inmediata al sector empresarial.
Según la información recabada por la CEV, las entidades bancarias todavía no han podido abrir las nuevas líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de cara al público, porque los bancos están a la espera de la asignación de su cupo, así como de la letra pequeña que vendrá reflejada en desarrollo reglamentario. Ambas cuestiones dependen del propio ICO.
La CEV reclama mayor agilidad para que llegue a las empresas la financiación a través del ICO y de nuevo pide al Ejecutivo que apruebe el aplazamiento de pagos de tributos y la suspensión de cuotas a la Seguridad Social, reclamadas desde el inicio de la crisis como medidas necesarias para evitar más cierres.
Real Decreto-Ley
Con respecto a la paralización de toda actividad económica no esencial, la CEV denuncia la improvisación y la falta de diálogo social ante una decisión que implica parar la economía de un país y entiende que la moratoria de 24 horas concedida por el Gobierno para determinadas actividades es claramente insuficiente. Así se lo ha comunicado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la videoconferencia mantenida esta mañana, junto a los secretarios generales de UGT–PV y CCOO-PV.
El mayor confinamiento al que obliga la pandemia debe ir acompañado de un plan de choque real y ágil que facilite la liquidez de las empresas de modo que puedan hacer frente a los costes laborales a pesar del parón de la actividad y la caída prácticamente a cero de la facturación.
Además, en opinión de la CEV, el permiso retribuido recuperable, aprobado por Real Decreto-Ley, supone un agravio para las empresas que no habían presentado ERTEs, pese a ver limitada su actividad, y que ahora tendrán que asumir el coste de esta nueva medida.
"En lugar de encontrarnos con medidas que reconozcan el esfuerzo que se está haciendo desde el sector privado, nos encontramos con decretos improvisados que penalizan la actividad empresarial en lugar de valorarla y reconocerla públicamente", Salvador Navarro, presidente de la CEV. El compromiso y la implicación con la que se está trabajando desde el sector privado también merecen ser reconocidos.
