Por su parte, Confecomerç tacha de "incoherente e inadmisible" la medida estipulada por el Gobierno para evitar concentraciones
Castellón Información
La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha mostrado su disconformidad con la nueva restricción del Gobierno que impide llevar a cabo acciones comerciales "que puedan dar lugar a aglomeraciones de público, tanto dentro del establecimiento comercial como en sus inmediaciones".
Esta restricción, contemplada en la disposición adicional segunda de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional en aplicación de la fase 1 del Plan hacia una nueva normalidad, supone vetar la puesta en marcha del período de rebajas en los establecimientos físicos.
Atendiendo a las demandas del sector, la CEV pide que se anule esta disposición, puesto que el aforo dentro de los establecimientos comerciales ya está limitado a un 30% para garantizar la seguridad de comerciantes y consumidores y que por tanto carece de sentido fundamentar esta medida en el hecho de evitar aglomeraciones.
Asimismo, considera que permitir las rebajas y promociones únicamente a través de la página web, generaría una disfunción de precios en los canales de venta online y offline, y pondría en clara desventaja competitiva, en un momento tan crítico, al tejido comercial con tienda física.
La CEV denuncia una vez más la falta de seguridad jurídica a la que se enfrentan las empresas. Un día antes de confirmar la prohibición de hacer rebajas por parte del Ministro de Sanidad, desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se aseguraba lo contrario al afirmar que evitar aglomeraciones no impedía las rebajas y promociones en establecimientos físicos.
Confecomerç lo ve "un desproposito"
La Confederació del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana CONFECOMERÇ CV muestra su indignación al conocer la decisión del Gobierno de prohibir las rebajas en tienda física en esta grave crisis y las manifiestas contradicciones entre lo publicado en la OM, las aclaraciones de la Secretaría de Estado de Comercio y las declaraciones del ministro Illa, que repercuten en la seguridad jurídica del sector. Se trata de una medida incoherente, que deja en clara desventaja al pequeño comercio respecto a las grandes plataformas digitales.
Tras casi dos meses de cierre, los pequeños comercios han recibido esta noticia como un “mazazo”, que necesita urgentemente de una aclaración por parte del Gobierno, dado que la prohibición de las rebajas o promociones significará la sentencia de muerte para los pequeños comerciantes, siendo las rebajas una acción que se rige por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, por lo que para realizar una modificación de este calibre es necesario cambiar la ley.
El presidente de la patronal, Rafael Torres ha comentado que nos encontramos ante una descoordinación entre ministerios, y una decisión que provocará un gran impacto en el sector, por lo que solicita al Ejecutivo que piense que con este tipo de medidas se está poniendo en serio peligro la viabilidad de miles de pequeños empresarios y trabajadores, lo que sin duda supondrá la desaparición y cierre de pymes, micropymes y autónomos que forman la mayor parte del tejido empresarial y que representan el 13% del PIB a nivel nacional.
“Es inadmisible que asistamos a un Plan de Desescalada, en el que se adopten decisiones en contra de la reconstrucción y de la recuperación empresarial y económica, cuando se puede garantizar totalmente la seguridad, adoptando medidas de limitaciones de aforo y mantenimiento de la distancia de seguridad”, ha asegurado Torres.
Asimismo, la argumentación de evitar posibles aglomeraciones carece de sentido cuando de hecho ya existen limitaciones de aforo en los locales comerciales para las distintas fases, encaminadas a garantizar plenamente la total seguridad para comerciantes y clientes.
“No entendemos esta prohibición y pedimos explicaciones. El sector ahora mismo requiere de certidumbre y seguridad para iniciar la senda de la recuperación. Con este tipo de actuaciones lo único que se consigue es crear confusión y generar un agravio comparativo del pequeño comercio respecto a la venta en las grandes plataformas digitales internacionales, a las que no se les hace esta restricción, pudiendo seguir operando, teniendo así una ventaja competitiva respecto al pequeño comercio”, ha señalado Torres.
