Miguel Bataller. Ciudadano del mundo y jubilado.
Esta pregunta que casi nadie se hace, es fundamental para poder anticiparnos al caos de la Administración del Estado que se está llevando a cabo, sin apenas reacciones por parte de los españoles.
Llevamos ya casi tres meses con el Estado de Alarma que se ha justificado en España, como única alternativa viable para poder afrontar la lucha con la Crisis Sanitaria del Coronavirus.
Creo que somos el único país de la Europa Comunitaria que ha tenido que recurrir a limitar, conculcar o prohibir una serie de libertades ciudadanas con esta medida.
Y entre tanto cada quince días, hemos llevado a cabo este “mercado de persa” de concesiones a todos los partidos independentistas, nacionalistas o filo terroristas que han apoyado al Gobierno, tanto en su Investidura como en todas las demás ocasiones en las que se les ha requerido, pero siempre “A cambio de algo”.
Y todas esas concesiones o han sido en forma de transferencias económicas, de concesiones especiales fuera de las legalmente establecidas previamente e incluso de “cabezas de funcionarios o cargos públicos al servicio del estado”, que en su día les crearon problemas a esos partidos en la consecución de sus intereses, por hacer respetar las Leyes o la Constitución Española, desde sus cargos públicos al servicio del estado .
Me consta que no todo el mundo se ha percatado de esas maniobras, pero poco a poco van saliendo a flote, en la medida que el Gobierno se va debilitando, va perdiendo apoyos y necesita ese indigno mercadeo, para el logro de sus objetivos.
Precisamente para eso necesitaba y necesita el Gobierno este interminable Estado de Alarma, que le permite de una manera al menos irregular, asumir el control y manejo de los Cargos Públicos o Funcionarios del Estado, a su propio servicio.
No les puede despedir, pero si puede cortar de raíz sus carreras profesionales, como lo han hecho y lo siguen haciendo, perjudicando su prestigio de una manera indigna e incluso sus propias retribuciones en las variables que se puedan ver afectadas por sus nuevos destinos.
Y para muestras les voy a dar apenas unos casos tan evidentes como recientes:
1) Edmundo Val, hoy en día portavoz en el Congreso de los Diputados de Ciudadanos, pero también Abogado del Estado por Oposición. Después del intento del Golpe de Estado en Cataluña el 1º de Octubre del 2017 y durante el Juicio, se opuso frontalmente a que pasara a considerarse el delito solicitado como rebelión a sedición, porque ello mermaba y disminuía las penas de los condenados muy sensiblemente.
on la entrada de Pedro Sánchez al poder y ante la necesidad del apoyo de ERC para poder ser investido, su cabeza les fue entregada en bandeja de plata a los independentistas catalanistas.
Posteriormente este señor, ha apoyado algunas veces al Gobierno, para renovar su Estado de Alarma, incomprensiblemente para mí.
2) Diego Pérez de los Cobos, hasta hace unos días Coronel Jefe de la Guardia Civil en Madrid y anteriormente también responsable el 1º de Octubre de 2017, de la coordinación de las Fuerzas del Orden desplegadas en Cataluña, para restablecer el respeto por nuestra Constitución.
En este caso la aversión de los independistas, era doble, porque a su antipatía ancestral contra nuestra Guardia Civil, se añadía su cargo de responsabilidad en el restablecimiento del orden en Cataluña.
Pedro Sánchez, sabedor del prestigió de este señor dentro de la sociedad civil española, no se había atrevido a destituirle, hasta que su Ministro-Juez lo ha hecho por negarse a prevaricar, desvelando secretos de investigaciones judiciales llevadas a cabo por sus subordinados, al servicio del Poder Judicial.
Su alegato de “Pérdida de Confianza” en circunstancias normales, tendría que haber sido argumentado en las Cortes según la jurisprudencia existente, pero por lo visto con el Estado de Alarma, el Gobierno puede hacerlo y por eso lo ha hecho, sin encomendarse ni a Dios ni al Diablo. La dignidad de algunos Generales les ha llevado a dimitir o a no aceptar el cargo, para depender de la señora que había sido nombrada a dedo por Marlaska, como Directora General hasta el punto que han tenido que recurrir a un General de Brigada, ante la negativa de todos los Tenientes Generales a ocupar ese cargo.
La dignidad de algunos llega hasta donde llega y a partir de ahí, entran ya en juego os intereses personales y políticos, que acaban permitiendo llevar a cabo sus objetivos a quienes nos mal gobiernan, considerando a los altos cargos y funcionarios públicos del estado, como asalariados al servicio del Gobierno, con el inconveniente de que no les pueden despedir, pero sí dificultarles su carrera profesional.
Por eso esta semana, volverán a negociar con todos los que necesiten, para seguir comprando sus votos a precio de oro, para alargar el Estado de Alarma dos semanas más para llegar casi a final de mes y a las vacaciones parlamentarias y prorrogar hasta finales de Septiembre su capacidad de decisión y seguir con sus insensateces, que nos arruinan día a día, mientras Europa no les condicione sus ayudas a recortes drásticos en el Gasto Público, que se multiplica.
En ese momento veremos dimitir a Pablo Iglesias, abandonando a Pedro Sánchez y culpándole de todas las decisiones que haya tomado o tenga que tomar, para salirse de rositas de cara a una elecciones en las que todo el precio del desgaste lo soportará el PSOE de Pedro Sánchez y Podemos se presentará como el defensor de la causa de todos los pobres, parados y desesperados que él mismo habrá creado.
Así se ha escrito siempre la Historia de España y así se seguirá escribiendo más de ochenta años después y con los mismos protagonistas.
El gran perdedor el Socialismo, por servirle de muleta al Comunismo y de nuevo a reconstruir la España que ellos destruyeron, el resto de los españoles con su trabajo, esfuerzo, riesgo y ganas de crear y mantener los pueblos de trabajo.
Cuando en Gobierno partidista de izquierdas, asume todas las atribuciones propias del Estado, se acaba la separación de Poderes, la Justicia y la Fuerza Legislativa de una Nación-Estado, para contribuir a la destrucción de la Nación y del Estado.
