Antonia García Valls. Portavoz del PSPV en el ayuntamiento de la Vall d'Uixó.
Cuando alguien no tiene claro el destinatario de sus mensajes políticos o quienes son sus adversarios políticos, se hacen afirmaciones sin fundamento, con nulo argumento y, algunas veces, distorsionando la realidad.
Es lo que pasa cuando se pretende generalizar y, eso sí, quedarse al margen. Las verdades absolutas no existen, en ninguna parte. Y los patrimonios no son sólo de aquell@s que se los escrituran o “pretenden” escriturarlos.
Estamos asistiendo a unos acontecimientos que nos desbordan. En una situación como la que vivimos, en la que mucha gente, mucha, lo está pasando mal, la corrupción no hace sino acrecentar la brecha entre la política (y l@s polític@s) y la sociedad en general. Y esto es perfectamente comprensible, cuando la verdadera función de la política que es “velar por el interés general” se ha tergiversado de tal manera que asusta.
Pero ante el mensaje de que tod@s somos iguales, me rebelo, me sigo rebelando. En medio de la corrupción (que supone desviar fondos públicos para intereses privados y particulares), se intentan justificar los recortes en derechos sociales con la crisis. Precisamente, en momentos de crisis, habría que recortar de otros sitios y no de los derechos sociales.
Y digo que no somos iguales porque aquellos que se arrogan como los defensores de los derechos, reclaman precisamente la correcta aplicación de las leyes promovidas y aprobadas durante los Gobiernos Socialistas, con González o con Zapatero. Por tanto, claramente, no tod@s somos iguales.
Nunca podemos ser iguales l@s que trabajamos y sacamos adelante la Ley de Igualdad, la Ley de Medidas Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y del IVE, y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en situación de Discapacidad, por poner algunos ejemplos, a los que podría añadir la Educación Pública, la Sanidad Pública, las Pensiones, las Becas…..
Ya he comentado en muchas ocasiones que la política del PP en relación a la Ley de Dependencia es, sin ningún género de dudas, indecente. No ahora, que entra dentro del “austericidio” que practica Rajoy, sino desde el principio a la Comunitat Valenciana. Nunca se la han creído. El PP cree en la beneficencia más que en los derechos y ahora se está cebando con todos los derechos, pero especialmente con la atención a las personas en situación de dependencia. El Gobierno ha abandonado a las personas más vulnerables con los tijeretazos que ha ido dando a la Ley. Precisamente ahora se cumple un año de la aprobación unilateral por el PP de los recortes en la Ley y esto se ha consumado con que hay 33.430 personas Gran Dependientes menos atendidas. Esta es la política del PP.
Esto es lo que están haciendo, destrozar el Estado del Bienestar, porque nunca han creído en él y ahora han encontrado la excusa perfecta.
Por tanto, vuelvo sobre lo anterior. No puede ser lo mismo el que pone en marcha políticas sociales que apuestan por el Estado del Bienestar y el que impulsa políticas que pretenden destrozar lo que hay y volver al pasado en muchos casos.
Por tanto, a aquellos que les interesa el mensaje de que PP y PSOE son lo mismo y, al mismo tiempo, reclaman que se mantengan los derechos y medidas que posibilitaron las leyes socialistas, sólo les pido un poco de COHERENCIA.
