Begoña Carrasco. Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón
90 euros. Esa cantidad es la que se ha gastado el Ayuntamiento de Castellón en siete meses en el área de Vivienda sobre un presupuesto global de 2.226.466,5 euros. Para más inri, son 90 euros del presupuesto del año 2019, prorrogado en este 2020, porque, a pesar de estar ya en pleno julio, las tres izquierdas que firmaron el Acord de Fadrell todavía no han sido capaces de ponerse de acuerdo para aprobar las cuentas de este ejercicio.
Con este triste balance de gestión política del PSPV, Compromís y Podemos, resulta más llamativo ver a los concejales Fernando Navarro y María Jesús Garrido, ambos del equipo de gobierno de Amparo Marco, participando en un escrache antidesahucio. Y enfrentándose e insultando a su propia policía, la Policía Local de Castellón, y pidiendo a los agentes que incumplan la ley y el mandato judicial que se les había encomendado.
¿Alguien entiende algo? Este equipo de gobierno ha llevado a los castellonenses a vivir el mundo al revés. Así es la realidad de su gestión.
¿Y esto por qué? Porque el gobierno tripartito de nuestra ciudad no es parte de la solución, sino que son parte de problema. Después de cinco años, vemos que siguen poniéndose detrás de la pancarta, sin ser conscientes de que se están protestando a ellos mismos, porque la responsabilidad de buscar las soluciones recae sobre ellos mismos. Están acostumbrados a gritar, a enfrentar, a atacar… su medio natural es el alboroto en la calle. No se han dado cuenta de que son concejales, de que ellos son los que han de buscar las soluciones que gritan en la calle, pero que tienen sin resolver sobre las mesas de sus despachos.
Vivir para contarlo. Hemos visto en los últimos meses cómo María Jesús Garrido, la concejala de Vivienda de Amparo Marco, afirmaba que en los pisos sociales del Ayuntamiento de Castellón se vendía droga, luego aseguró que había mafias organizadas que se dedicaban a ‘okupar’ los inmuebles… y lo último que sabemos es que va a externalizar la gestión del área para que sea una empresa privada la que haga el trabajo por el que ella se embolsa más de 45.000 euros anuales. ¿Es o no es el mundo al revés?
Todavía resuenan las declaraciones de Amparo Marco en 2015 afirmando que Castellón era ya una ciudad libre de desahucios. El titular le quedó redondo. Pero lamentablemente, no podía ser más falsa esta afirmación: los lanzamientos se han seguido produciendo desde entonces. Tres más esta misma semana.
Castellón tiene hoy el mismo parque de vivienda social que en 2015: los 217 que dejó el PP. Tampoco han sido capaces de modificar ni una sola ley para evitar estas situaciones. Y créanme que las hay. Pero eso implica tener ideas, trabajar y gestionar. Justo lo que no está haciendo el equipo de gobierno. Y los castellonenses en general, y los vecinos más vulnerables en particular, son los que están sufriendo la peor parte.
