Begoña Carrasco. Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón
Lo advertimos y ha sucedido. El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado luz verde en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias(FEMP) a la expropiación de los ahorros de los ayuntamientos y diputaciones para llevarse 15.000 millones de remanentes. Un expolio que ha contado con el beneplácito y el apoyo único de los socialistas. Y, entre ellos, el de la propia alcaldesa de Castellón, Amparo Marco.
Una alcaldesa que, en lugar de defender los intereses de sus ciudadanos y destinar esos remanentes a bajarles los impuestos, se retrata al asumir las directrices de un Gobierno que se ha convertido en una auténtica ruina y que, además de seguir fabricando parados y ahogar a las empresas y a las familias, ahora se dedica a meter las zarpas en las cajas de los ayuntamientos y diputaciones para mantener la larga lista de altos cargos que, pese a la difícil situación que afrontan cada día miles de familias en nuestro país debido a la crisis, no deja de crecer. Para sus cargos sí que hay dinero. Para la ciudadanía, más paro y políticas ruinosas.
Y en el medio, Amparo Marco. Que, en lugar de reclamar el dinero que ha salido directamente de los bolsillos de todos los castellonenses y que bien podría beneficiar a los ciudadanos para rebajarles la carga fiscal en plena crisis por la pandemia, prefiere levantar la mano en la FEMP para votar siguiendo el dictado y los intereses de su partido. Un Partido Socialista que, en los últimos cinco años, ni a través del propio Gobierno ni mediante la Generalitat Valenciana, ha sido incapaz de poner en marcha en la ciudad ni una sola inversión productiva. Pero que ahora sí reclama el dinero que es de todos.
Y, en ese proceso, el voto favorable de la alcaldesa de Castellón la hace cómplice y colaboradora necesaria del expolio que van a sufrir las arcas municipales.
Cómplice de un chantaje que supone entregar cerca de 15.000 millones de la ciudadanía de todo el país para que el Gobierno pueda pagar su agenda política y tapar las vergüenzas, si es que le queda alguna, de su nefasta gestión en la crisis económica y social que ha generado la pandemia.
Cómplice, por seguir las directrices que le marcan desde arriba y mirar hacia otro lado mientras las inversiones para Castellón, ni están ni se les espera.
Y cómplice, por alinearse a lo que le mandan desde Madrid y anteponer los intereses de su partido al bienestar de una ciudad que roza los 17.000 parados.
