Les Corts Valencianes han aprobado este 24 de julio la Ley de contratos y otras relaciones jurídicas agrarias, una Ley que, según el conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, "dota al sector agrario de mayor seguridad jurídica" y "adapta la costumbre a las nueva realidad socioeconómica, al mismo tiempo que la protege frente a prácticas abusivas actuales en el mundo agrícola".
La norma consta de 54 artículos y recoge figuras tradicionales, modernizándolas y actualizándolas para dar respuesta a los problemas actuales y dotar de mayor seguridad jurídica y máximas garantías los acuerdos que se tomen en el sector agrario con el fin de proteger al agricultor. Una Ley consensuada con todas las asociaciones agrarias y con el único objetivo de dar respuesta a las necesidades y demandas planteadas por los agricultores de la Comunitat. Así pues, regula las distintas modalidades de contratos agrarios, optando por una fórmula mixta que permite en los contratos con pago al contado el pacto oral o escrito y en los contratos con acuerdo de pago aplazado del precio, se exige la forma escrita.
La Ley regula figuras contractuales tradicionales que se usan en el campo, como 'la venta a l'ull o per alfarrassar' (que tiene por objeto la totalidad estimada de la cosecha por precio alzado, al contado o con precio aplazado, en cuyo caso el contrato se formalizará por escrito); y 'la venta al pes o per arrovat' (el precio se fijará por unidad de peso o cantidad, sin que el contrato pueda nunca liquidarse a precio más bajo del pactado).
La norma también regula la figura del 'alfarrassador' o corredor (terceras personas que pueden intervenir en las dos modalidades de contrato), así como la nulidad de los pactos a comercializar cuando en el acuerdo existe una indeterminación del precio, dado que el comprador no interviene en el mismo. Asimismo, incluye otras disposiciones especiales, como que el precio no incluye los impuestos, salvo que se haga constar de manera expresa y por separado. Además, la Ley contiene una regulación completa de los arrendamientos rústicos históricos valencianos y regula el concepto, los elementos y el contenido del contrato, la transmisión de derechos, la terminación del arriendo y el reconocimiento de los arrendamientos existentes.
Más seguridad
Por ello, ha subrayado el conseller, "el objetivo principal de la Ley es dotar a nuestro sector agrario de una mayor seguridad jurídica a través de un texto normativo que resulte útil, que recoja las figuras contractuales tradicionales del campo valenciano y otorgue una mayor protección al agricultor partiendo de sus usos y costumbres y, al mismo tiempo, creando una regulación moderna y práctica".
En este sentido, Castellano ha recordado que la Ley que hoy se aprueba era una iniciativa socialmente demandada, que ha sido consensuada con las principales entidades y organizaciones representativas del sector agrario de la Comunitat Valenciana, cuyos máximos responsables han intervenido activamente aportando observaciones y sugerencias que han sido tenidas en cuenta para garantizar el mayor consenso posible.