La Unió estudiará la adecuación de este inequitativo modelo de aplicación de la reforma de la PAC a los textos reglamentarios que se prevé que se adopten a lo largo del otoño de este año y a las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La Unió de Llauradors rechaza el acuerdo alcanzado hoy en Conferencia Sectorial entre la mayoría de comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura para aplicar la reforma de la PAC en el Estado español, al ser perjudicial para los intereses de los agricultores valencianos.
En el acuerdo se ha establecido un sistema para restringir el cobro de ayudas a los beneficiarios a partir de los 300 euros por hectárea en lugar de 100 euros como se proponía desde el sector agrario valenciano y Generalitat. Con este cambio, según los datos de La Unió, más del 30% de los agricultores valencianos quedarían fuera del cobro de ayudas directas y se perderían unos 10 millones de euros en el caso que no se busque una solución y se les incluya en otro régimen. El importe mínimo a cobrar de 300 euros choca contra nuestra realidad agraria y es una nueva discriminación que se suma al hecho de que cobremos ya un 70% menos que la media estatal en las ayudas de la PAC.
El modelo de aplicación escogido hoy en Madrid comportará así mayores competencias desleales y discriminaciones entre productores y además va en la dirección contraria al modelo propuesto por la Unión Europea. La reforma europea va encaminada a la convergencia progresiva con respecto a la cantidad de ayuda percibida por los productores en función de un criterio establecido por tipologías de la zona y no por el tipo de producción, como hasta ahora. El modelo de aplicación acordado hoy en España desvirtúa en cambio la intencionalidad de la reforma europea, puesto que no resuelve, sino que perpetúa y agrava la discriminación de un profesional agrario que nunca haya tenido derechos de ayuda históricos en su sector o el valor de sus derechos sea bajo. Aún cuando un productor se encuentre en la misma tipología de zona (sistema nuevo) que otro con derechos históricos de ayuda (el sistema anterior por sectores), no tenderán a converger en la cantidad de ayuda. Esto afectará a nivel del Estado a un 30% del sector de la viña, a dos tercios de la fruta, hortalizas y flor y planta ornamental. Además, el modelo escogido afectará más significativamente al sector del olivo valenciano.
La Unió también denuncia que este modelo de aplicación comporta fosilizar el modelo histórico de la PAC hasta el año 2020, puesto que se basa en las 316 comarcas agrarias estatales, agrupadas sobre cuatro tipologías (tierras de cultivo de secano, tierras de cultivo de regadío, cultivos permanentes y pastos) en base a su media de ayudas cobradas en 2011. Esto generará que cada productor pueda disponer, en función de los municipios donde radiquen las tierras de su explotación, de más de cuatro tipos de derechos, ya sea por cada una de las tipologías o por ser de comarcas agrarias por término medio distinta, los cuales no podrán ser ejercidos en una región agroeconómica diferente a la que los originó. Al fin y al cabo, de una parte, originará una mayor carga burocrática tanto a la Administración gestora, como a los propios perceptores y, por otra parte, un mayor obstáculo al libre desarrollo de las explotaciones agrarias.
La Conferencia Sectorial ha dejado abierto también cómo se usará el mecanismo de ayudas asociadas a la producción, lo que no permite valorar si los productores de la Comunitat Valenciana verán disminuido el apoyo actual de la PAC en ayudas directas, por lo tanto, no ha dado garantías de que el modelo final de aplicación comporte un trato lo suficiente equitativo a los sectores que pueden salir más perjudicados (ganadería extensiva con poca tierra -vacuno de carne, ovino y caprino y vacuno-, arroz y olivo).
