Jorge Fuentes. Embajador de España
Hasta no hace muchos años, España era una de las democracias más respetadas del mundo. Tenía unos poderes que, pese a sus fragilidades, estaban relativamente bien diferenciados. Los partidos políticos eran igualmente respetuosos con la Constitución y defendían las instituciones que, todas ellas, mantenían al país sólidamente unido.
Bien es cierto que algunas de las alianzas gubernamentales tuvieron que construirse desde el principio de nuestra democracia, sobre la base del acuerdo con facciones nacionales -principalmente el PNV y CyU- a las que hubo que hacer concesiones cuyas consecuencias han ido agravándose hasta llegar al inquietante escenario actual.
Aunque para algunos el tránsito del bipartidismo al multipartidismo es entendido como una prueba de mayor y mejor representación popular en la vida política, el escenario que se ofrece en España desde 2004 hasta hoy, ha dibujado un panorama preocupante que en nuestro entorno es juzgado como próximo a un Estado fallido.
El poder legislativo, las Cortes, tiene una composición tan atomizada que dificulta la formación de gobiernos estables y fiables tanto en la derecha como, sobre todo, en la izquierda.
El resultado es que el poder ejecutivo se ha formado con una alianza heterogénea en que uno de los dos socios -el PSOE- sigue mostrándose respetuoso con las instituciones reflejadas en la Constitución, en tanto que el otro socio -UP- las cuestiona enfrentándose a la Monarquía parlamentaria en favor de una República con tintes bolivarianos.
Por añadidura, tal gobierno no hubiera podido configurarse sin el apoyo de partidos separatistas -PNV, ERC- o filoterroristas -Bildu-.
Con un legislativo y un ejecutivo puestos en entredicho dentro y fuera de España, solo quedaba como soporte firme del Estado un poder judicial con un CGPJ que requería renovación desde hace dos años.
Ante las dificultades de proceder a tal renovación, el gobierno recurrió al artilugio de sustituir el requerimiento de los dos tercios del congreso y senado por la mayoría absoluta que el ejecutivo tiene prácticamente asegurada con la que obtuvo para vencer en la moción de censura de 2018.
Teniendo en cuenta que la Fiscalía General esta más que nunca sometida al gobierno desde el nombramiento de Dolores Delgado y que la abogacía del estado se ha politizado en favor del gobierno, la obtención por éste de 17 de los 21 miembros del CGPJ colocaría en sus manos los nombramientos de los cargos judiciales más sensibles que sin duda barrerían a favor del ejecutivo. Si ello ocurriera, la división de poderes en España habría desaparecido y con ella, también lo habría hecho la democracia.
¿Quién pude intentar frenar tan peligrosa tendencia? Tan solo el Tribunal Constitucional y la Monarquía que esta siendo acosada por algunos sectores del propio gobierno que tras desacreditar al Rey Don Juan Carlos, buscan minar las bases de la Institución. Esta por si sola carece de la estructura suficiente para defenderse y solo se vale de su auctoritas, su prestigio, su respetabilidad y de un apoyo popular masivo.
Si a semejante escenario zozobrante añadimos el turbulento panorama catalán, la nefasta gestión sanitaria, las consecuencias económicas que se avecinan y el intento gubernamental de desestabilizar la comunidad de Madrid, motor indudable del país, no es de extrañar que la prensa mundial ande rumiando que España se tambalea.
Por resumir la situación y para aclarar dudas. Un país que alcanza las peores cifras de infectados y de difuntos a nivel mundial durante la primera oleada de la pandemia y que repite los mismos errores en la segunda ola, un país que recibe las peores calificaciones económicas derivadas de la mala gestión sanitaria, es un Estado que está ganándose a pulso el calificativo de fallido.
Pero un gobierno que busca monopolizar los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y por añadidura controla el ejército, las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia y los medios informativos más influyentes, no es un Estado fallido, es algo aun peor. Es una Dictadura.
Los debates parlamentarios y las mociones de censura no van a conseguir por si solos enderezar la situación. El país va a tener que expresar pacífica, clara y masivamente su voluntad de ahuyentar los graves peligros que nos acechan.
