El objetivo del consistorio fue el de "minimizar al mínimo los efectos de la crisis sobre las familias y los sectores económicos"
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El Ayuntamiento de Castelló ha aprobado y aplicado medidas fiscales desde la declaración del estado de alarma por coronavirus para ayudar a paliar los efectos negativos de la crisis de la covid-19 entre las familias, pymes y actividades económicas de la ciudad que implican un ahorro de 1,8 millones de euros. A los 1,10 millones de euros de ahorro para diferentes sectores locales que ha supuesto la suspensión y reducción de tasas por ocupación de vía pública con mesas y sillas, tasa de basuras o licencia de actividad, entre otras, aplicadas este año 2020 se suman otros 700.000 euros que los y las castellonenses se ahorrarán en 2021 con las diferentes modificaciones de ordenanzas fiscales aprobadas.
La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha señalado que el gobierno municipal adoptó desde el primer momento medidas urgentes para minimizar el impacto que supuso la declaración del estado de alarma por la covid-19. "En apoyo de nuestro tejido empresarial local, formado en su mayor parte por pymes y negocios familiares, suspendimos tasas y rebajamos otros tributos, con las nuevas ordenanzas fiscales ampliamos las medidas de apoyo y para paliar la crisis de la covid-19", ha indicado.
Entre estas modificaciones, la ampliación de la suspensión de tasas de mesas y sillas, licencias de apertura y mercados extraordinarios durante el primer semestre de 2021 supondrá un ahorro de 415.000 euros. La reducción del gravamen del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que pasará del 3,50 al 3,25 implicará que las pequeñas empresas y personas emprendedoras dejen de pagar unos 180.000 euros, según las estimaciones realizadas con los datos actuales. A ello hay que añadir los 128.000 euros menos por bonificaciones del impuesto de vehículos a los turismos con etiqueta ambiental. "El conjunto de medidas fiscales aprobadas van a suponer un ahorro de unos 700.000 euros y van a ayudar a quienes más lo necesitan", ha destacado el concejal de Hacienda y primer teniente de Alcaldía, David Donate.
Donate ha explicado que a las medidas aplicadas este año se sumarán las aprobadas con las modificaciones de ordenanzas fiscales. "Dos paquetes de medidas que hemos aprobado en pleno y que van dirigidas a ayudar a familias, personas autónomas y pymes, incentivando la actividad económica e introduciendo criterios de una fiscalidad más verde, justa y progresiva", ha indicado.
El concejal de Transparencia y Buen Gobierno y segundo teniente de Alcaldía, Ignasi Garcia, ha asegurado que "hemos apostado por una fiscalidad progresiva que ha hecho posible que aporte más quien más tiene y que ha sido flexible con las familias y con los y las profesionales más afectados por la crisis sanitaria, así como con los colectivos más vulnerables". Buen ejemplo de ello, ha incidido Garcia, es la reducción de casi el 70% para los vados de personas con movilidad reducida, que pasan de costar 390 euros anuales a 130 euros.
Garcia ha recordado que todos los organismos internacionales recomiendan aplicar este modelo de fiscalidad que ya aplica el gobierno del Botànic. "Tenemos que tener claro que la reactivación tras esta crisis pasará por que las administraciones públicas seamos empáticas y hagamos esfuerzos para beneficiar al conjunto de la población", ha manifestado.
El concejal de Transición Ecológica y tercer teniente de Alcaldía, Fernando Navarro, subraya que el Acord de Fadrell "impulsa una fiscalidad más progresiva, redistributiva y con una mirada verde, que ayuda a colectivos, autónomos y pymes afectados por la crisis de la pandemia, empuja a nuevos sectores económicos y avanza hacia la transición ecológica, bonificándose, por ejemplo, el IBI rústico un 50% las parcelas que estén en cultivo y un 70 % para las que además certifican en ecológico". Al mismo tiempo, Navarro resalta que las ordenanzas piden un esfuerzo "al que más tiene y se lo puede permitir, y por ello subimos el IBI al puerto o a los grandes almacenes", a la vez que aumentamos impuestos en "aquellos que, en momentos de crisis, son insolidarios e intentan hacer negocio a costa de la gente como son los fondos buitre con la vivienda, y recargamos un 50% el IBI a las viviendas vacías de grandes propietarios".
